Vigilantes de Levantina de Seguridad son acusados de maltratar a menores

La empresa Levantina de Seguridad, ubicada en Valencia, se enfrenta a una acusación de malos tratos. Un juez decretó el martes el cierre cautelar del módulo de aislamiento del centro de menores El Pinar, en Madrid, por supuestos malos tratos a internos. Una denuncia acusa de torturas a los responsables del centro, educadores y guardias de seguridad de Levantina de Seguridad, que acumula en dos años casi 200 denuncionas por agresiones.

El centro de menores El Pinar entró en funcionamiento el pasado mes de enero. La polémica le ha acompañado desde el principio. El Gobierno de la Asamblea de Madrid, de quien depende el centro, adjudicó la gestión del servicio a la empresa Cicerón, y la seguridad privada a Levantina de Seguridad. El pasado martes un juez ordenó el la clausura de forma cautelar del módulo de internamiento de El Pinar. La decisión obedeció a la querella presentada a través de la Fiscalía de Menores de Madrid en que se atribuyen supuestas 'torturas' y malos tratos a los responsables de El Pinar, a varios educadores y a agentes de vigilancia.

La empresa Levantina de Seguridad, contratada por la empresa Cicerón para la vigilancia en el centro de El Pinar, acumula un largo historial en los tribunales de la Comunidad Valenciana. Sólo en los dos últimos años son casi 200 las denuncias en los tribunales. La mayoría de ellas, según fuentes policiales, son por agresiones. Y las condenas a agentes de Levantina de Seguridad también se cuentan por decenas. El pasado mes de marzo dos guardias de seguridad se enfrentaron a una petición del Ministerio Fiscal de cinco años de prisión por dos delitos y una falta de lesiones. Un mes antes, en febrero, otro juzgado condenó a 18 meses de cárcel a otros dos vigilantes de seguridad también por lesiones. Levantina de Seguridad tiene en su calendario un buen número de causas pendientes.

El empresario José Luis Roberto es el creador de Levantina de Seguridad. Sobre él también ha caído el peso de la ley por delitos varios. Un juzgado de Lo Social de Valencia le condenó por obligar a sus trabajadores a afiliarse a Falange Española-Frente Nacional Sindicalista (FE-FNS), una organización para la que ha trabajado como abogado. Roberto ha sido editor de propaganda ultra y tiene antecedentes por su particular actividad política, por peleas y por violar la ley de seguridad privada, según fuentes policiales.

Levantina de Seguridad se ve ahora inmersa en un nuevo escándalo por supuesto empleo de la violencia contra menores. La empresa llegó a tener encomendada la vigilancia de luna gran parte de los locales de ocio de las zonas costeras de la Comunidad. Pero su paso por los tribunales ha lesionado su implantación en el mercado. Aún así, la Generalitat Valenciana deposita en ella la vigilancia de algunos edificios. El Centro de Coordinación de Emergencias, varias sedes de juzgado, algunos colegios y servicios ubicados fuera de las sedes oficiales están en manos de Levantina de Seguridad.

En la denuncia presentada en Madrid, los agentes de Levantina de Seguridad son señalados por maltratar a varios menores. Tras el cierre cautelar, en los otros tres módulos de El Pinar han quedado una veintena de jóvenes. Cinco jóvenes del módulo de internamiento, han sido trasladados al centro El Renasco. Los Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid lo decidieron tras recibir la orden judicial de cierre cautelar.

El módulo ahora clausurado es conocido por los internos como el de 'aislamiento'. A él van a parar quienes han desobedecido las normas que rigen el funcionamiento del centro. Estar en él equivale a no tener contacto con el grupo y salir al patio entre una y dos horas, en función de la gravedad de la sanción.

El centro El Pinar funciona desde el pasado mes de enero y se sumó así a los tres centros que ya existían en la Comunidad de Madrid. El Pînar, situado en la carretera de A Coruña, a pocos kilómetros de la capital, fue objeto de polémica desde el principio. a diferencia de los que ya existían, la consejería de Servicios Sociales encomendó la atención a los menores a la empresa privada Cicerón. Los fiscales hicieron escuchar sus críticas. Tras ellos lo hicieron los partidos de la oposición. Sin embargo, las dudas sobre la conveniencia de delegar la atención de los menores en una empresa privada quisieron minimizarse con una galería de nombres conocidos. En el consejo asesor de Cicerón se encontraban Mercedes Jabardo, ex directora de la prisión de Picassent, y Florencia Pozuelo, ex directora de la cárcel de Mujeres de Valencia. Esta última dimitió dos meses después de entrar en funcionamiento El Pinar tras las críticas vertidas contra su sistema de régimen interno en las que se acusaba al personal de supuestos malos tratos a jóvenes internos.