El Gobierno sólo devuelve al PSOE 381 millones de los 15.000 que reclama por bienes incautados

La aplicación de la Ley de Devolución del Patrimonio incautado a los partidos tras la Guerra Civil ha terminado con 14 recursos del PSOE contra el Consejo de Ministros y ante el Tribunal Supremo por los 14 expedientes instruidos desde 2000. Los 14 expedientes agrupan a las 535 reclamaciones que presentó el PSOE de las que sólo 24 han sido aprobadas. El PSOE ha logrado la restitución de tres inmuebles, y 381 millones de compensación, frente a los 15.000 millones que reclamaba. El dirigente socialista José Blanco dice que esta resolución 'muestra cómo el Gobierno niega su historia al PSOE'.

El Consejo de Ministros del 3 de agosto dio por cumplida la Ley de Devolución del Patrimonio de los partidos, promovida por el PP al ganar las elecciones de 1996 con la pretensión de compensar al PNV por su apoyo a la investidura de José María Aznar. Dicha pretensión se transformó en ley en diciembre de 1998 y se extendió a todos los partidos cuyos bienes fueron incautados por el Ejército de Francisco Franco al ganar la Guerra Civil.

El PSOE, junto con la UGT, fue el partido que, cuando estalló la guerra en 1936, disponía de mayor patrimonio. Sus peritos lo estiman en 15.000 millones de pesetas al valor actual. Finalmente ha sido retribuido con sólo tres inmuebles restituidos y 381 millones en compensación por cuentas corrientes e inmuebles incautados.

Los inmuebles que ha recuperado son los de las sedes socialistas de la calle de la Concordia, de Madrid; la de Barruelo de Santillán (Palencia) y la de Pego (Alicante). Ha sido compensado total o parcialmente por las sedes de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra, 6.697.740 pesetas); Brañosera (Palencia, 2.674.857); Bullas (Murcia, 14.293.744); Torrevieja (Alicante, 7.079.633); Castro Urdiales (Cantabria, 17.824.112); Herencia (Ciudad Real, 8.377.176); Azuaga (Badajoz, 28.183.520); Ponferrada (León, 3.978.800); La Mata (Toledo, 780.857); Los Silos (Tenerife, 147.150); Bodonal de la Sierra (Badajoz, 1.004.888); Burgos (8.301.572); León (68.361.083); Usagre (Badajoz, 22.073.620); Granja de Torrehermosa (Badajoz, 7.998.480); Montilla (Córdoba, 6.558.495); Los Yébenes (Toledo, 676.872); La Garrucha (Almería, 5.050.626).

Mención aparte merece la antigua sede del periódico El Socialista, ubicada en el barrio madrileño de Chamberí, donde hoy reside el Boletín Oficial del Estado (BOE). Los peritos del PSOE la valoran en 3.000 millones de pesetas y el Consejo de Ministros, en su última resolución del 3 de agosto, lo ha compensado con tan sólo 111 millones. En la anterior resolución ministerial referente a esta ley, la del Consejo de Ministros del 13 de julio, el PSOE fue compensado en 57 millones por las cuentas corrientes incautadas tras la Guerra Civil.

El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, confirmó que su partido ha recurrido ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo lo que considera 'una gravísima vulneración de una ley planteada por el PP como de reconciliación'. 'Lo que ha hecho el Gobierno, con esta ley, muestra que sólo pretendía compensar el apoyo que el PNV le dio en 1996. El PP se ha burlado del legado histórico del PSOE, pero seguiremos luchando hasta conseguirlo', señala Blanco.

Los socialistas, según un informe interno, calculan que la duración de los procedimientos de los 14 recursos presentados ante la Sala de lo Contencioso-administrativo se alargará, al menos, durante tres años.

El jurista del PSOE Francisco Vírseda explica el enorme desfase entre sus pretensiones y la retribución del Gobierno en que éste 'ha aplicado el reglamento de la ley de forma rígida'. Vírseda asegura que la Dirección General del Patrimonio, el organismo encargado de tramitar los expedientes, sabe que 'muchas de las propiedades del PSOE no disponían de documentos acreditativos porque fueron destruidos durante la Guerra Civil'. 'No sólo no ha aceptado una declaración notarial de testigos sino que, además, no ha aportado ninguna documentación a los expedientes presentados, como las actas de incautación que tiene en su poder Hacienda'.

El Ministerio de Hacienda siempre ha argumentado que se ha limitado a aplicar el reglamento de la Ley de Devolución del Patrimonio que 'obliga al interesado a probar su condición de beneficiario, su titularidad o vinculación con el titular, la incautación del bien o derecho y las condiciones físicas y jurídicas del mismo en tal momento'. Según Hacienda, muchas de las solicitudes se han limitado a citar una localidad en la que supuestamente existía un inmueble que se dice era propiedad del partido y le fue incautado sin aportar prueba alguna o una documentación muy escasa.