IU denuncia que la Administración pagó precios excesivos por varias fincas para construir la A-92

La Junta de Andalucía y el Gobierno central pagaron en 1987 precios muy superiores a los del mercado por la expropiación de varias fincas de Alfacar, Víznar, Huétor Santillán y Diezma por donde discurre la A-92, según los datos que maneja Izquierda Unida. En dicho trazado se han producido en los últimos años los más graves deslizamientos. El último, en Diezma, todavía se halla en fase de reparación. El diputado de IU Francisco Ríos exigirá personalmente el lunes en Obras Públicas la entrega de una serie de documentación que pidió sin éxito hace cinco meses.

Francisco Ríos quiere conocer cuáles fueron las razones por las que la Junta de Andalucía y el Gobierno de Madrid pagaron por algunas de las fincas expropiadas en 1987 para construir la carretera transversal de Andalucía cifras que multiplican por diez las habituales del mercado. En concreto, Ríos sostiene que ambas Administraciones llegaron a pagar a un número no concretado de propietarios 11.000 pesetas por cada metros cuadrado de terreno rústico.

Prueba de lo elevado del precio es que diez años más tarde, entre 1996 y 1997, el Ayuntamiento de Granada pagó a sólo a 1.500 pesetas el metro los terrenos expropiados para la construcción del futuro Campus de la Salud. El frontero municipio de Armilla fue más generoso, pero no sobrepasó las 2.500 pesetas.

El propio Ministerio de Fomento, según señala Francisco Ríos, ha pagado en los últimos meses a mil pesetas el metro las fincas de regadío para construir en ellas el tramo de Rincón de la Victoria de la autovía que enlazará Málaga y Adra.

El parlamentario de Izquierda Unida cree que es necesario conocer 'quiénes fueron los beneficiados y por qué. El dinero, cientos y cientos de millones, fue a parar a los bolsillos de unos pocos que habían comprado las fincas unos meses antes'. En total, las Administraciones pagaron unos 3.000 millones por las tierras expropiadas en este tramo.

'En la actualidad el Ministerio de Fomento tiene previsto pagar 5.000 millones de pesetas por todas las expropiaciones para construir la línea del AVE entre Córdoba y Málaga', precisó el parlamentario andaluz.

Ríos señaló que un solo propietario se embolsó 325,9 millones y que el terreno restante que no fue expropiado fue declarado urbano en las normas subsidiarias aprobadas por el Ayuntamiento de Huétor Santillán en marzo de 1993. Otro vecino de la zona logró 125 millones. 'Me pregunto si hubo financiación ilegal o por qué se pagaron esas cantidades. Es cierto que han prescrito las responsabilidades penales pero no las políticas', insistió.

Curiosamente, el trazado de la autovía por las localidades de Alfacar, Víznar, Huétor Santillán y Diezma, es el que más quebraderos de cabeza ha causado a la administración autonómica desde prácticamente su apertura. En Alfacar, en concreto, los terrenos han cedido en varias ocasiones y la Consejería de Obras Públicas ha tenido que hacer cuantiosas inversiones suplementarias para su reparación.

Grave deslizamiento

En Diezma se produjo este año el más grave deslizamiento que sepultó en pocas horas con miles de toneladas de tierra la carretera en ambos sentidos. Los técnicos de la Junta de Andalucía iniciaron uns compleja operación para retirar la tierra del desprendimiento y construir unos pozos para impedir que el agua de las lluvias puede causar nuevos contratiempos. La conclusión de las obras tardará aún varios meses.

Francisco Ríos pidió hace cinco meses a la consejera de Obras Públicas una serie de documentos para conocer los detalles sobre cómo se produjeron las expropiaciones. La respuesta aún no se ha producido pese a que el plazo habitual para responder o enviar documentación es de un mes.

Ante la tardanza, el parlamentario Francisco Ríos ha remitido una carta a la consejera en la que le anuncia que el día 17 de septiembre se presentará personalmente en su departamento para recoger la documentación que recabó sin éxito el pasado 28 de marzo.