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El Gobierno regional repartirá 1.000 millones entre ex presos del franquismo

Los afectados muestran su satisfacción, pero dicen que su reclamación no es 'sólo económica'

El Gobierno regional destinó sólo 100 millones de pesetas a la indemnización para ex presos políticos del franquismo porque pensó que esa cantidad sería suficiente para que éstos recibieran una cantidad digna, declaró ayer el presidente de la Comunidad, Alberto Ruiz-Gallardón. Éste añadió que, vistas las compensaciones, 'ciertamente humillantes', provocadas por el 'error de cálculo' en el número de beneficiarios, el Ejecutivo subirá a 1.000 millones el importe total destinado a resarcir el tiempo que pasaron privados de libertad estos antiguos opositores de la dictadura franquista.

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Los beneficiarios mostraron su satisfacción por la decisión de la Comunidad, anunciada ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que aprobó el incremento de la dotación. 'Los contactos de los últimos días hacían pensar que el Gobierno podía tomar una decisión como ésta', explicó un portavoz de la Asociación de Ex Presos y Represaliados Políticos. 'Ha sido una decisión acertada, aunque siempre hemos pedido que se reconociera a los que fueron encarcelados y torturados por defender la libertad. La nuestra no es una reclamación económica, pero no íbamos a aceptar una cantidad que era más un desprecio que un reconocimiento', añadió este portavoz.

Ruiz-Gallardón anunció también que ha abierto un nuevo plazo de solicitud de las compensaciones para permitir que los 122 expedientes que cumplían las condiciones, pero que llegaron fuera de plazo, puedan ahora ver reconocido su derecho a percibir las ayudas. Este plazo estará también abierto a aquellas personas que no acudieron al primer proceso de indemnización por desconocimiento de los requisitos.

El previsible aumento de ex presos con derecho a la ayuda, cuyo número se desconoce, hará que los beneficiarios no vean incrementado en 10 veces el importe que la Comunidad les había concedido, explicó Ruiz-Gallardón. De todos modos, la cantidad que los ex reclusos percibirán, que fuentes del Gobierno regional calculan en unas 300.000 pesetas por año privado de libertad, está más cercana al abanico de entre 700.000 pesetas y un millón que el Gobierno había previsto en 1999 y que ahora los afectados reclamaban.

Rectificación

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El presidente madrileño justificó el error de cálculo cometido y su posterior rectificación porque el número de solicitudes presentadas superó ampliamente las previsiones de su Gobierno: 2.093 ex presos reclamaron la ayuda, de los que 1.171 vieron reconocido el derecho a recibirla. Este elevado número hizo que las compensaciones finales -33.818 pesetas por año en la cárcel, con un máximo de 135.272 pesetas- fueran claramente inferiores a las expectativas levantadas entre los afectados.

Algunos ex presos habían calificado el importe final de la compensación de 'humillante y un escarnio'. Una decena de ellos han asegurado en los últimos días haber devuelto el dinero al Gobierno regional por 'decencia'. Éstas y otras afirmaciones pudieron oírse en la asamblea celebrada el pasado lunes, en la que unos 200 afectados intentaron, sin éxito, consensuar medidas de protesta.

Antonio Chazarra, diputado regional del PSOE, también valoró favorablemente la 'rectificación' de Ruiz-Gallardón, aunque lamentó que el Gobierno no apoyara la moción del PSOE e IU, presentada en la Asamblea el pasado mes de abril, de aumentar el presupuesto destinado a las indemnizaciones hasta los 1.500 millones de pesetas. 'Entonces ya se veía que la cifra de solicitudes presentadas iba a dejar en muy poco las indemnizaciones. Todo esto pudiera haberse evitado', explicó Chazarra.

Por su parte, Fernando Marín, diputado regional de IU, declaró que la decisión de Ruiz-Gallardón ha llegado 'después de que unos ciudadanos ejemplares hayan sido humillados con el ofrecimiento de una miseria que estaban dispuestos a rechazar'. Marín pidió que el Gobierno regional sea 'generoso' y elabore un censo que permita ampliar el número de beneficiarios de las indemnizaciones.

Rafael de Francisco, uno de los ex presos afectados, también mostró su satisfacción por la medida, aunque lamentó que el debate sobre el reconocimiento de la lucha de los ex presos 'haya quedado reducido a una cuestión meramente económica'. 'Ésta es una cuestión de la historia que afecta a toda España y no es justo que el Gobierno central pase el muerto a las comunidades autónomas. Tampoco que de lo único que se hable sea de un dinero más o menos. Estamos hablando de nuestra historia y el tema merece un debate mucho más serio', añadió Rafael de Francisco.

El actual proceso de indemnización a los antiguos presos del franquismo empezó hace dos años con una iniciativa de IU en la Asamblea. En aquel momento, IU fijó en 50 millones el importe necesario, pero la cantidad fue incrementada posteriormente a 100 millones ante una nueva propuesta del PSOE y el acuerdo del PP. Todas estas medidas fueron aprobadas por unanimidad en la Cámara regional.

Las ayudas van destinadas a los presos que, por haber pasado menos de tres años en la cárcel u otras causas, no recibieron las indemnizaciones recogidas por la Ley de Amnistía de 1977 ni las ayudas concedidas por el Gobierno central en 1990 y por la Comunidad en 1999.

'Erradicar la violencia de género'

El Ejecutivo regional destinará 3.530 millones de pesetas hasta el año 2004 para prevenir, paliar y combatir la violencia de género, según decidió ayer el Consejo de Gobierno. El objetivo del programa es 'erradicar la violencia contra la mujer en todos sus ámbitos' y no sólo en el doméstico. Así, el presidente Alberto Ruiz-Gallardón adelantó que se emprenderán medidas contra 'otras formas de violencia que afectan a las mujeres por el hecho de serlo, tales como los abusos, el acoso y la violencia derivada de la explotación sexual'. Una de las primeras medidas del programa será la concertación de 25 plazas en residencias para mujeres e hijos que hayan sufrido malos tratos en el hogar, entre otras medidas destinadas a la atención de estas víctimas. El nuevo programa incluye tres áreas de actuación. La primera está destinada a promover una educación más igualitaria para los niños y reforzar la formación de profesionales en este campo. Fortalecer la atención social a las mujeres maltratadas en el hogar es el objetivo de la segunda área de actuación. Finalmente, el programa potenciará la coordinación entre todas las instituciones políticas, sociales y policiales cuyo ámbito de actuación está relacionado con la violencia de género. Por otra parte, el Consejo decretó que todos los residuos procedentes de otras regiones de España para ser tratados, eliminados o almacenados en la Comunidad deberán contar con una autorización administrativa de la Consejería de Medio Ambiente. Esta materia, informó Ruiz-Gallardón, ya está regulada por una ley nacional, por lo que la actuación de Medio Ambiente se centrará en controlar que los residuos que entren en la región se ajusten 'estrictamente' a la legalidad vigente. El objetivo de esta medida es regular la entrada de residuos en una región que 'por su alta densidad demográfica e industrial es una de las menos adecuadas' para recibirlos.

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