La delincuencia se convierte en el primer motivo de combate electoral en Francia

Al margen de la violencia política que se vive en Córcega, una ola de asesinatos ensombrece las perspectivas electorales del Gobierno de Lionel Jospin, acusado por la derecha y por el presidente francés, Jacques Chirac, de permitir 'niveles insoportables' de inseguridad. Todos los prefectos (autoridades gubernativas) fueron convocados ayer a una reunión conjunta con los fiscales, algo sin precedentes en este país, para 'sistematizar' la lucha contra 'las bandas organizadas'. La derecha atribuye esa iniciativa al miedo socialista a perder las elecciones de la primavera próxima.

Prefectos y fiscales, casi 400 personas en total, fueron invitados por los ministros de Interior y Justicia, Daniel Vaillant y Marylise Lebranchu, respectivamente, a desmantelar las redes de prostitución, tráfico de droga y de armas, economía sumergida y tráfico de teléfonos móviles, actividad esta última increíblemente floreciente.

Declaradas como el enemigo público número uno, las 'bandas organizadas' pueden representar un colectivo de decenas de millares de personas a controlar, detener y condenar: nada menos que 185.137 personas ya fueron detenidas durante los seis primeros meses del año -18.000 más que en el mismo semestre de 2000-, antes de que las deseadas 'sinergias' entre los delegados del Gobierno y los fiscales obliguen a detener a mucha más gente.

La derecha francesa, expulsada del Gobierno hace cuatro años, se ha encontrado así con uno de sus temas más clásicos a la hora de organizar la batalla para recuperarlo. 'Francia tiene miedo', proclamó el presidente de la República, Jacques Chirac, en su intervención televisada del 14 de julio. Y efectivamente, el miedo empieza por la dirección del Partido Socialista, que en un reciente seminario, celebrado en La Rochelle, llegó a la conclusión de que su suerte en las elecciones presidenciales y legislativas de 2002 dependerá de que se haga cierto lo que proclama Daniel Vaillant: 'La seguridad no es de derechas ni de izquierdas, es un valor republicano'.

Un 10% de delitos más

En realidad, el bandidaje a gran escala inquieta menos a la opinión pública que la pequeña delincuencia. El aumento de los delitos denunciados en el primer semestre del año, un 9,58% más que en el mismo periodo de 2000, se debió principalmente a robos, cada vez más acompañados de violencia contra las personas. En París, prácticamente un robo con violencia de cada dos consiste en arrebatar un teléfono móvil cuando su usuaria o usuario lo están utilizando.

Para conjurar el miedo, el Gobierno juntó ayer a sus máximos representantes en cada departamento con los fiscales encargados de promover la acción de la justicia. Al igual que en otras democracias deseosas de mantener cierto decoro jurídico, en Francia se escuchan frecuentes reproches de los sindicatos policiales a los empeños de la justicia para frustrar sus esfuerzos contra los delincuentes.

La Unión Sindical de Magistrados, por su parte, se inquieta de reuniones como las de ayer, porque dan la impresión de que 'los prefectos van a dar instrucciones a los fiscales, y eso es imposible sin modificar la Constitución', puntualiza el presidente de esa asociación, Valéry Turcey.

Por azares del calendario, la reunión de prefectos y fiscales se produjo al día siguiente de que tres ciudadanos murieran apuñalados por un presunto desequilibrado mental en un barrio de París, casualmente la circunscripción electoral del ministro de Interior.

También se celebraron ayer los funerales por el jefe de gabinete del alcalde de Béziers, una ciudad de 70.000 habitantes situada a poco más de cien kilómetros de la frontera española por Cataluña, quien murió el domingo pasado durante la persecución policial a un joven de 25 años que había disparado antes uno de sus lanzagranadas contra un coche de policía.

El agresor, abatido posteriormente por los agentes, disponía de un arsenal de armas de guerra en su casa, al parecer adquiridas a precio de saldo en el mercado secundario procedente de los Balcanes.

Fuentes de la Asociación de Armerías aseguran que un fusil de asalto Kaláshnikov, por ejemplo, no cuesta más de 19.000 pesetas en el mercado negro francés, cuatro veces menos de lo que vale adquirirlo legalmente.