La imputación del subdelegado de Tarragona fue pedida por la Fiscalía Anticorrupción

El subdelegado del Gobierno en Tarragona, Raúl Navarro, fue llamado a declarar por el juez como imputado en la investigación sobre una trama de regularización ilegal de inmigrantes a instancias de la Fiscalía Anticorrupción. Navarro es acusado de encabezar una red de falsificación de permisos de trabajo primero desde su cargo de delegado de Trabajo en Tarragona y luego desde el de subdelegado del Gobierno. En el registro del centro de masajes de Salou, propiedad de dos ciudadanas rusas también imputadas, aparece una lista de funcionarios.

La Guardia Civil se incautó del disco duro de un ordenador personal utilizado por Katerina Chamach, propietaria junto a su hija Irisha del centro de masajes de Salou considerado el centro de operaciones de la trama. En el disco se encontarron dos agendas, una de clientes y otra de contactos en la Administración. Fuentes de la investigación confirmaron que en una de estas listas figuran los dos teléfonos móviles que ha tenido Navarro en sus cargos, el de su secretaria particular y el de otros funcionarios de Trabajo y de la Subdelegación del Gobierno.

El ex subdelegado, que dimitió por esta causa el pasado miércoles después de ser llamado a declarar, testificó como imputado porque así lo pidió la Fiscalía de Tarragona a instancias de la Fiscalía Anticorrupción de Madrid. Navarro ha sido acusado además por tres ciudadanas rusas de haberles ofrecido regularizar su situación legal en España a cambio de favores sexuales. Las tres mujeres se benefian ahora del estatuto de testigos protegidos.

El titular del juzgado número 9 de Tarragona, José Luis Portugal, que dirige la investigación, imputa a Navarro cuatro delitos: prevaricación (con agravante de prevalimiento de cargo público), fomento de la prostitución, contra la libertad sexual y contra el derecho de los trabajadores. El juez decretó el 15 de agosto el secreto del sumario por un mes y es muy probable que lo prorrogue por otro más.

La relación de funcionarios y clientes que figuraban en el disco duro no ha trascendido. Navarro y el concejal del PP de Salou, Alberto del Hierro, también imputado, argumentan que las propietarias del club de masajes disponían de sus teléfonos porque ambos intervinieron a favor de Katerina cuando la Lliga contra el Cáncer de Tarragona les pidió que prorrogaran su visado de permanencia en España con el fin de que pudiera operarse de un cáncer en un hospital público.

Durante el interrogatorio, el juez preguntó a Navarro sobre la razón por la que en el ordenador figuraban no sólo el número de su teléfono móvil cuando era delegado de Trabajo en Tarragona, entre 1997 y 2000, sino el que tenía siendo subdelegado del Gobierno. Navarro declaró que al cambiar de cargo había desviado las llamadas del primer móvil al segundo, de modo que cualquier persona pudo conseguir el nuevo número.

En la lista también constaba el teléfono de la secretaria particular de Navarro, que trabajó para él tanto en la Dirección Provincial de Trabajo como en la Subdelegación.

En su declaración, Raúl Navarro se presentó ante el juez con los informes de regularización en España de las dos propietarias del centro de masajes e informó que la hija de Katerina obtuvo la residencia al casarse con un ciudadano español y que la propia Katerina lo consiguió al ser contratada en un hotel como intérprete de ruso.

Raúl Navarro negó categóricamente que alguna vez hubiera requerido de los servicios del centro de masajes. A la pregunta del fiscal de por qué las tres ciudadanas rusas ofrecieron en su declaración todo tipo de detalles sobre su persona, contestó que era un personaje público y que su foto aparecía en los medios de comunicación.

No obstante, en su denuncia, las tres mujeres rusas demuestran que conocen incluso que Navarro padece diabetes por lo que debe inyectarse regularmente dosis de insulina.