El juez investiga si el ex subdelegado del Gobierno en Tarragona dirigió una trama de falsificación de permisos

La investigación judicial que afecta al ex subdelegado del Gobierno en Tarragona y militante del Partido Popular Raúl Navarro, se centra en esclarecer las actividades de una trama ilegal de concesión de permisos de trabajo y de residencia a mujeres procedentes de los países del Este que, una vez en territorio español, se dedicaban a la prostitución. En ella estarían implicadas, según la investigación policial, más de 30 personas, la mayoría funcionarios. De momento, están imputadas cuatro personas: el subdelegado, un concejal del PP de Salou y las dos propietarias de un centro de masajes.

Esta red de concesión irregular de permisos estaría presuntamente encabezada, según las hipótesis de la investigación, por el propio Raúl Navarro, que habría aprovechado para constituirla su cargo como delegado de Trabajo en la provincia de Tarragona entre los años 1997 y 2000. La red incluiría a una treintena de personas, la mayoría funcionarios del mismo departamento y de la Subdelegación del Gobierno, organismos responsables de la regularización de extranjeros. Navarro dejó el cargo de delegado de Trabajo en julio de 2000 para ocupar el de subdelegado del Gobierno.

El juzgado número 9 de Tarragona imputa al ya ex subdelegado tres delitos: prevaricación, fomento de la prostitución y contra el derecho de los trabajadores, cargos que Navarro ha negado en su declaración judicial y en sus comparecencias públicas. Navarro se vio forzado a dimitir de su cargo la pasada semana, al igual que el concejal del PP en la localidad turística de Salou (Tarragona), Alberto del Hierro, tras haber sido llamado a declarar por el juez.

Las diligencias previas que se tramitan en el juzgado afectarían, aparte de a Navarro y a Del Hierro, a las dos propietarias, madre e hija, de un centro de masajes de Salou, considerado el centro de operaciones desde donde se orquestaba la entrada ilegal de mujeres en territorio español. Una de las propietarias, Irisha R., -la hija-, ha salido públicamente en defensa del ex subdelegado y el concejal del PP negando que fueran clientes habituales del establecimiento.

La investigación partió de la denuncia presentada por tres ciudadanas rusas que ejercían la prostitución y que aseguraron que Navarro les ofreció legalizar su situación a cambio de favores sexuales. Éste fue el detonante que inició la operación de la Guardia Civil con el objetivo de averiguar si se trataba de tres casos particulares o, por el contrario, existía una red ilegal de concesión de permisos.

Ésta es la hipótesis que sostiene la Guardia Civil. Es decir, que desde la delegación de Trabajo en Tarragona se facilitaban con celeridad y sin problemas los permisos a mujeres eslavas, a cambio de dinero o favores sexuales, la mayoría de las cuales han acabado ejerciendo la prostitución en diversos locales de la Costa Dorada.

Aunque por el momento el titular del juzgado número 9 de Tarragona, José Luis Portugal, tan sólo ha tomado declaración a los cuatro imputados -Navarro, Del Hierro y las dos propietarías del centro de masajes- se prevé que en las próximas semanas serán citados los funcionarios en los que se centra la investigación y que habrían actuado de común acuerdo con Navarro. Fuentes judiciales apuntaron que lo lógico sería que, paralelamente a la investigación judicial, el Ministerio de Trabajo abriera un expediente interno para dilucidar tanto la existencia de irregularidades como los funcionarios que las habrían cometido.

El subdelegado del Gobierno es la persona que en última instancia aprueba o rechaza los permisos de trabajo y residencia. Raúl Navarro tomó posesión de este cargo después de mantener un abierto enfrentamiento político con la antigua subdelegada, Margarita López. Fuentes de la Administración central confirmaron que Navarro se llevó a la Subdelegación del Gobierno a una parte de los funcionarios que trabajaban bajo su mando en Trabajo y que pasaron a desempeñar cargos ejecutivos. Tras su dimisión a causa de la investigación judicial, los trabajadores de la Subdelegación del Gobierno emitieron un comunicado en solidaridad con Navarro.

Caballo de batalla

Durante los últimos meses, el subdelegado había hecho de la lucha contra los sin papeles el caballo de batalla de su actuación política, hasta el punto de que anunció que en este mes de septiembre iniciaría una estricta campaña de control de los inmigrantes ilegales.

Los cuatro imputados han cerrado filas en torno a la misma versión de los hechos y el motivo por el cual se conocían. En síntesis, sostienen que Katerina Chamach, inmigrante ucraniana, necesitaba en 1998 ser operada de urgencia de un cáncer y su visado provisional finalizaba de inmediato. La Lliga contra el Càncer de Tarragona, una organización auspiciada por el Gobierno catalán como alternativa nacionalista a la Asociación Española contra el Cáncer, se procuró los favores del concejal del PP de Salou y del ahora ex subdelegado para que le fuera prorrogado el visado por razones humanitarias y así poder ser operada en un hospital público.