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Educación concertó un colegio del Opus con informes 'desfavorables'

El expediente del TSJ revela que la patronal presionó desde Madrid

La Consejería de Educación estableció un concierto económico con el colegio Vilavella, vinculado al Opus Dei, pese a la existencia de tres informes contrarios realizados por la inspección educativa y las direcciones Territorial y de Centros. Los informes negativos figuran en el proceso que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana contra la orden de la Generalitat que autorizó en junio de 1999 los polémicos conciertos con una decena de colegios de élite y vinculados al Opus.

El primero de los procesos abiertos por la federación de enseñanza Fete-UGT contra uno de los centros valencianos de Fomento que se sigue en la Sala Segunda de lo Contencioso-administrativo del TSJ revela que entre el 10 de febrero y el 27 de agosto de 1999 -cuando finalmente la Generalitat publicó en el Diario Oficial la lista de los polémicos nuevos conciertos con cuatro meses de retraso- el actual consejero de Educación, Manuel Tarancón, vivió un duro pulso con la empresa Fomento de Centros de Enseñanza que ejerce la titularidad del colegio Vilavella de Valencia, que logró un concierto bianual que vence en 2001.

El expediente contiene las alegaciones jurídicas de la empresa y tres informes que desautorizan con firmeza el concierto con el Vilavella por dos razones: 'insuficiencia de créditos presupuestarios' y porque 'las necesidades de escolarización de la zona atendidas con fondos públicos son suficentes'. No obstante, la presión ejercida por los defensores de Fomento de Centros y por el representante en Valencia de la patronal de la enseñanza privados CECE [que agrupa a toda red nacional de centros que Fomento próximos a la doctrina 'humanismo cristiano' que imparten religiosos del Opus] terminaron por doblegar a la consejería. Un tenso tira y afloja que, según apuntan fuentes del proceso, comenzó el 31 de enero de 1999 nada más terminar el Congreso nacional del PP en Madrid, donde el presidente de CECE, Félix Falcón, según reconoció él mismo en una comida en Valencia, pidió a Aznar agilidad en los conciertos y mayor presupuesto a la enseñanza privada.

El proceso

El inicio de compromiso pasaba, por tanto, por la Comunidad Valenciana donde el PP ya disfrutaba de mayoría absoluta. Fue el entonces consejero Francisco Camps quien a las dos semanas, durante la primera quincena de febrero según se desprende de la documentación, empezó los trámites de los nuevos conciertos, con tres centros de Fomento y dos del Opus. El expediente judicial especifica que las plazas vacantes (319 en Primaria y 270 en ESO) que había entre los siete colegios públicos, privados y concertados de la zona desaconsejaba a todas luces concertar 131 plazas de Primaria y 96 de ESO para el Vilavella con un coste anual de cerca de 100 millones.

Esta cifra además cubría prácticamente el total de la matrícula de ese año (209), lo que levantaba suspicacias acerca de que la empresa se financiara todas las plazas, pese a que los padres pagan a parte en concepto de aportaciones a la fundación. Todos los informes oficiales son concluyentes respecto a la necesidad de cumplir la legalidad que obliga a la enseñanza mixta (el Vilavella sólo tiene profesoras y alumnas) y a priorizar los conciertos en centros que atienden 'poblaciones escolares de condiciones socio-económicas desfavorables', y éste no es el caso a juzgar por la valoración oficial que reconoce que 'sólo atiende una población escolar medio-alta'.

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