El futuro de L'Horta, un debate pendiente

El pasado mes de marzo se puso en marcha por primera vez en el País Valenciano, y como recoge nuestro Estatuto, una iniciativa legislativa popular con el fin de promover el debate y la aprobación por parte del Parlamento valenciano de una ley que ordene y proteja la huerta de Valencia. La iniciativa ha recibido el apoyo de más de 117.000 valencianos y valencianas.

Bajo mi punto de vista, sobre esta circunstancia cabe destacar dos aspectos: primero, que en casi 20 años de Estatuto y de autogobierno sea ésta la primera iniciativa promovida por la ciudadanía; y segundo, que sea sobre un tema -la protección de la huerta- claramente vinculado a la ordenación del territorio, una competencia específica de la Generalitat Valenciana, que hasta la fecha no ha ejercido.

Ciertamente, hoy en día nadie puede negar que sobre la huerta de Valencia se han escrito y hecho aportaciones importantes desde sectores y ámbitos diversos: agrícola, económico, cultural, histórico, paisajístico y patrimonial. Se han prodigado las jornadas y los seminarios donde numerosos expertos han expuesto las excelencias de este espacio tan rico y característico. Hace ahora un año fue el mismo Consell Valencià de Cultura -una institución propia de la Generalitat- quien dictaminó sobre la necesidad urgente de aplicar un marco legal para la protección de la huerta.

Además, se puede constatar que la ciudadanía siente la huerta como algo cercano y entrañable, ligado al hecho mismo de ser valencianos. No en vano, ha sido durante siglos nuestra mejor carta de presentación. Es, con mucho y como ha dicho el antropólogo Joan F. Mira, lo que los valencianos hemos sabido hacer mejor que nadie. Por ello, la protección de la huerta ha sido uno de los aspectos que más ha movilizado y moviliza a nuestra sociedad.

Ahora bien, tampoco podemos negar la evidencia que la huerta de Valencia desaparece a un ritmo vertiginoso -se prevé su desaparición total en los próximos 50 años de continuar las tendencias actuales-. De hecho, el impacto sobre este territorio se está produciendo de manera más traumática: seccionando, desvertebrando su estructura lógica y funcional. Las zonas urbanizadas se van extendiendo como manchas de aceite en forma de núcleos urbanos, polígonos industriales e infraestructuras, que van dejando las zonas de cultivo como meras islas a la espera de ser engullidas por un mar de cemento y hormigón.

Por ello, desde sectores importantes de nuestra sociedad, hemos recibido la iniciativa legislativa popular, promovida por la plataforma Per un cinturó d'horta como una bocanada de esperanza y de ilusión. A mi entender, el conjunto de los valencianos y de las valencianas, y en particular nuestros parlamentarios y parlamentarias, tenemos a nuestro alcance una propuesta seria y argumentada que sirve perfectamente para iniciar un debate amplio y ambicioso que no puede tener otra finalidad que una verdadera y real protección de la huerta de Valencia. De su contenido, destacaría algunos aspectos para mí muy interesantes.

El primero de ellos es, sin duda, la necesidad de ordenar y planificar esta parte de nuestro territorio. Es inexplicable que, ya en el siglo XXI, un espacio como el que nos ocupa -con una presión urbanística y demográfica tan importante- funcione, se planifique y se ordene a base de actuaciones parciales y estancas según la administración que tenga competencias para ejecutarlas: local, provincial, autonómica, estatal e incluso europea. Esta falta de ordenación no sólo afecta a los espacios propios de cultivo, sino que repercute en el conjunto del territorio. La propuesta de ley establece criterios de ordenación y de protección concretos así como la creación de un consejo asesor y consultivo para colaborar en la gestión de este espacio.

Un segundo aspecto que destacaría son las medidas de fomento de la actividad agrícola en L'Horta. La planificación de cultivos, la mejora de las infraestructuras productivas y comerciales, las denominaciones de origen, el fomento de la agricultura ecológica, la formación de los agricultores y el fomento del cooperativismo son aspectos que deben reorientar un sector ahora mismo en crisis en este ámbito. Sin agricultores y sin agricultura la huerta no puede existir porque no es un espacio estrictamente natural sino claramente creado y mantenido por el hombre.

Finalmente, como alcalde, debo resaltar la creación de un fondo autonómico de compensación interlocal para establecer los mecanismos necesarios de redistribución económica entre municipios. La finalidad es que los ayuntamientos afectados por la protección no vean mermados los ingresos presupuestarios derivados de los procesos de urbanización, que en estos momentos constituyen una de las principales vías de financiación municipal.

Con todo, el debate está servido y debe ser amplio y productivo.

Vicent Ahuir Cardells es alcalde de Meliana.