El Ayuntamiento de Lleida niega el permiso para abrir una mezquita en un local propiedad de la comunidad islámica

La asociación de vecinos de la avenida del Segre, de Lleida, han recibido con satisfacción la noticia de que el Ayuntamiento de esta ciudad no concederá permiso a la Asociación de Unión y Cooperación Islámica de Lleida y Comarca para abrir una mezquita en el número 31 de la calle del Nord. El informe elaborado por los técnicos municipales indica que el local no reúne las mínimas condiciones de seguridad y de accesibilidad que exige la normativa urbanística.

La entidad vecinal de la zona comprendida entre la avenida del Segre y la Rambla de Ferran inició en mayo las movilizaciones contra el intento de abrir una mezquita en el barrio nada más tener conocimiento de que un colectivo musulmán había comprado por 40 millones de pesetas un antiguo almacén de una empresa de transportes para destinarlo a centro de culto, puesto que el local que utilizaba entonces, ubicado en la calle de Pau Clarís, era de dimensiones reducidas y no tenía ventilación.

Los vecinos denunciaron ante el Ayuntamiento de la ciudad que los promotores de la mezquita habían iniciado sus actividades religiosas al día siguiente de adquirir el inmueble y que habían realizado obras de reforma sin permiso municipal. Los vecinos se oponen a la mezquita argumentando que el local no reúne condiciones de seguridad y salubridad, y que la calle en la que se pretende ubicar no es la más idónea, ya que es muy estrecha y sólo está permitido estacionar en uno de los lados, lo cual puede provocar ruidos y molestias al vecindario.

La presidenta de la entidad vecinal, Marta Roigé, denunció que el local ha sido utilizado durante el verano como albergue para inmigrantes sin papeles, a pesar de no reunir condiciones para ello. Después de numerosas quejas vecinales, el consistorio ha hecho un informe desfavorable a la apertura de la mezquita en el que se recogen las principales irregularidades denunciadas referidas a la ventilación, medidas contra incendios, accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas y salidas de emergencia. Los afectados disponen ahora de un plazo de 10 días para presentar alegaciones contra esta resolución.

Por otra parte, los vecinos de Aitona (Segrià), localidad de unos 2.500 habitantes que durante la campaña de la fruta ve aumentada su población inmigrante, han expresado su indignación contra las autoridades locales y los Mossos d'Esquadra por la supuesta falta de vigilancia en el municipio, después de que dos jóvenes, una de ellas menor de edad, fueran agredidas sexualmente el pasado fin de semana y una de ellas sufriera rotura de un hueso nasal y numerosos hematomas. Dos horas después, los mossos detuvieron al ciudadano marroquí A. R., de 26 años. El alcalde de Aitona, el convergente Josep Lluís Prim, ha reconocido que los ánimos están muy alterados entre los vecinos.