Perdiendo los papeles

No hay peor ley que aquella que no se puede aplicar. Y la mejor ley de extranjería sería aquella que, al fijar unos mecanismos claros de entrada y acceso al mercado de trabajo, no precisara de procesos extraordinarios de regularización. Ni la ley aprobada en 1985, ni la contrarreforma impulsada por el PP hace un año crea mecanismos factibles de entrada, y por eso han sido necesarios procesos de regularización extraordinarios que, de alguna manera, vulneran los principios de las mismas leyes. Hace dos o tres años, cuando parecía que el PP estaba dispuesto a lograr una ley de consenso, tuvo lugar una amplia negociación entre partidos, sindicatos y ONG para conseguir una ley realista que rompiera con los círculos de ilegalidad a los que condenaba a los inmigrantes la ley de 1985. Entidades como Cáritas, CC OO-CITE o SOS Racisme desempeñaron un papel destacado en estas negociaciones. Pero mientras éstas luchaban por una buena ley de extranjería, colectivos como la CGT y la naciente plataforma Papeles para Todos propugnaban con ciertos matices que la mejor ley de extranjería sería la no existencia de la ley, es decir, dar papeles a todos.

En España, con el texto hoy vigente aprobado por el PP, en lugar de facilitarse unos mecanismos claros para regularizarse, se plantea el sistema de cupos y la propuesta de contrato como puerta de entrada. Ello exige algo tan ingenuo como que un empresario realice una propuesta de empleo a un extranjero que está a miles de kilómetros, para que éste los presente en la embajada española en su país y, meses más tarde, intentar estar en la lista aprobada por las autoridades españolas. La otra vía de entrada sería el reagrupamiento familiar. Debido a la presión de CiU, se repescó parcialmente del texto inicialmente consensuado, la posibilidad de obtener papeles por motivos humanitarios o por acreditar arraigo. Pese a que el Gobierno anunció que los cupos y el reagrupamiento serían las únicas vías de entrada, ha tenido que realizar en un año dos procesos de regularización extraordinaria. Y así, la propuesta de contrato la pudo realizar el empresario a alguien que ya conocía y que estaba en España.

Pero no se solucionó la situación de cientos de subsaharianos procedentes mayoritariamente de Sierra Leona, Nigeria o Liberia, a quienes no se les concedió ni el estatuto de refugiado ni el permiso de trabajo. Y cientos de estas personas que se acumulaban en Ceuta, Melilla o Canarias fueron enviadas hacia la Península, y muchos de ellos llegaron a Barcelona. Las mismas administraciones que facilitaban el transporte a la Península a estos inmigrantes les daban esperanzas de que podrían regularizar su situación, bien mediante los procesos extraordinarios, bien acogiéndose a la ley de refugio y asilo, bien amparándose en los motivos excepcionales humanitarios o de arraigo que recoge la ley. En la mayoría de casos esto no ocurrió. Y para hacer más difíciles las cosas, contra muchos de los susaharianos se habían dictado meses atrás órdenes de expulsión inaplicables al no haber convenio de repatriación o transporte para ello, con lo que esta orden de expulsión era un impedimento para trabajar y regularizarse, y se convirtían en proscritos eternos, un centenar de los cuales dormían desde hacía meses en la plaza de Catalunya de Barcelona.

La ley y los criterios restrictivos que aplica el Gobierno del PP son los principales responsables de este desaguisado que se generó con su desalojo. Pero el Ayuntamiento de Barcelona, que tanto ejemplo de derechos humanos pretende dar ante Naciones Unidas, provocó la detención y expulsión de parte de ellos, al desalojarlos de la plaza de Catalunya, y convertir en problema de orden público lo que era un problema de asistencia social. Si el consistorio deseaba eliminar este problema al temer que podía dañar la imagen de la ciudad, consiguió lo contrario, y mientras el alcalde accidental, Jordi Portabella, de ERC, no quiso asumir la aplicación de esta decisión del equipo de gobierno, Imma Mayol, de Iniciativa, permitió que mientras ella era la alcadesa accidental, se ejecutara el desalojo, decisión que causó un gran daño a Iniciativa-Verds. Como se ha escrito, el sindicato CGT tomó la representación de los desalojados y en más de dos ocasiones demoró la firma del acuerdo para que Cruz Roja y los servicios sociales de las administraciones se hicieran cargo del alojamiento de estos inmigrantes y de un grupo de magrebíes con otra problemática distinta unidos a la protesta. Pero cuando el acuerdo ya estaba ultimado, la delegada del Gobierno tomó la decisión de detenerlos, con lo que la situación se radicalizó aún más. Después vendría el periplo de los que consiguieron escapar de la redada, escondidos en sedes de partidos, sindicatos y ONG, y la CGT exagerando las cosas con acusaciones de torturas ocurridas en La Verneda. Y ahora, cuando ya se ha llegado a un acuerdo para atención de los inmigrantes, desde la CGT se acusa al Ayuntamiento de negar la asistencia a los que no tienen posibilidad de obtener papeles, algo que, de manera genérica, parece no ser cierto.

Radicalizar un conflicto o prolongarlo no siempre resulta rentable para los perjudicados que tenían algo que ganar y mucho que perder y, como se ha visto, una parte de ellos ya han sido expulsados. Desalojarlos de una plaza como si fueran palomas en lugar de personas, sin dar alternativas, devalúa la credibilidad humanitaria de la capital catalana, e Inicitiva está pagando muy caro la ingenuidad de su teniente de alcalde Imma Mayol. La delegada del Gobierno con su demostración de fuerza que abortó la solución humanitaria muestra la sensibilidad de la Administración que tiene en su mano dar o no dar los papeles que permiten volver a la categoría de ciudadanos a quienes han llegado a nuestra tierra en busca de una vida digna. Y, lamentablemente, las entidades de inmigrantes y asociaciones como el CITE, Cáritas, SOS Racisme o la misma Cruz Roja han quedado relegadas, cuando son ellas las que abanderaron la lucha por una ley realista y aplicable que algún día tendrá que aprobarse si no se desea seguir con esa paradoja jurídica de ahora expulsiónes, ahora otra amnistía legal llamada Proceso de Regularización Extraordinario.

Xavier Rius-Sant es periodista.