Inmigrante o 'cabeza de turco'

El crimen cometido en Pozuelo de Alarcón (Madrid) el pasado 20 de junio por un ciudadano moldavo, cuando entró en un chalé a robar y mató al padre de familia, provocó la indignación popular y una reacción del Gobierno tras comprobar que el agresor estaba en España de forma irregular y había sido detenido una decena de veces. El que, a pesar de haber sido detenido una decena de veces, no hubiese sido expulsado ni encarcelado a la espera de ser juzgado puso en tela de juicio el sistema a seguir.

En España, el año pasado el 3% de la población era inmigrante. Según datos policiales, de las 224.005 personas detenidas durante 2000, el 26,5% son extranjeros -ciudadanos de la UE y extracomunitarios- lo que supone un 9% más que hace cuatro años. Sin embargo, este crecimiento de los delincuentes no nacionales no se corresponde con el crecimiento de la población extranjera regularizada en España, que desde 1997 hasta 2000 creció un 102%.

Tras el crimen de Pozuelo llegaron las reacciones, la primera desde la Fiscalía General del Estado. Jesús Cardenal envió un mes después una circular a los fiscales en la que les ordenaba pedir la expulsión de los inmigrantes sobre los que pese una orden en este sentido y estén inculpados o condenados en algún proceso penal, siempre que la pena sea menor a los seis años. Con esto pretendía evitar la trampa legal que ampara a los delincuentes extranjeros: la acumulación de delitos menores provoca la apertura de causas en diversos juzgados y es necesaria la autorización de todos ellos para expulsarlos.

Esta medida, impulsada por el ministro del Interior, Mariano Rajoy, fue apuntalada cuando anunció dos semanas después que se celebrarían juicios rápidos a los delincuentes extranjeros para evitar que en libertad provisional puedan volver a delinquir o escapar. Según un listado policial, existen al menos 18 extranjeros en España con más de 50 delitos a sus espaldas. Se dan casos como el de C. D. D. G., de 41 años y originario de Etiopía, detenido 27 veces por la policía entre el 7 de febrero y el 8 de agosto del año pasado por pequeños robos en Barcelona. Sólo en el mes de marzo fue detenido nueve veces.

Sin embargo, la celebración de estos juicios rápidos, de procedimiento abreviado, es prácticamente inviable. De hecho, esta figura jurídica está en el Código Penal desde 1992 y su utilización ha sido prácticamente nula por la falta de medios. Más repercusión tuvo la circular de Cardenal: al día siguiente, 21 inmigrantes que habían delinquido y estaban irregularmente en España fueron expulsados.

'Desde el Ministerio del Interior se ha intentado buscar un cabeza de turco, culpabilizar a los extranjeros del incremento de la inseguridad ciudadana, que en el primer semestre de este año ha aumentado un 9,3% con respecto al año anterior, cuando lo cierto es que las razones son otras', afirma José María Benito, secretario general de Organización del Sindicato Unificado de Policía (SUP). 'Es cierto que muchos de los delincuentes habituales que cometen pequeños delitos acumulan fácilmente entre 15 y 20 detenciones sin pasar por la cárcel, pero lo mismo extranjeros que nacionales. Por eso estamos a favor de la celebración de juicios rápidos, pero para todos', añade.

Según Benito, en los casos de drogas y en los grandes robos, los extranjeros involucrado pertenecen a grandes mafias. 'No conozco muchos inmigrantes de los que vienen en pateras, sin un duro, envuelto en estos delitos. Esos, si delinquen, están involucrados en pequeños hurtos y robos, para sobrevivir. Los que están involucrados en crímenes, robos de casas, de tarjetas..., pertenecen a las mafias, se mueven mucho y con dinero'.

Sin embargo, Benito sí reconoce que los extranjeros que inician una senda delictiva en España tienden a ser reincidentes. 'En sus países de origen las leyes son mucho más rígidas y cuando ven que aquí pueden llegar a pasar diez veces en un mes por comisaría sin más consecuencias, aunque se les dice que a largo plazo pagarán, se creen inmunes. Ellos viven el día a día', afirma Benito.

En Barcelona, A. J. K., nacido hace 23 años en Nigeria, tiene a sus espaldas 18 detenciones. 'Las leyes son demasiado blandas en este país', afirma el embajador de Nigeria en España, Samuel Otuyelu. 'La Policía detiene a delincuentes y aún con testimonios en contra y pruebas, los dejan en libertad; no lo entiendo', afirma. 'Esta gente que viene a robar no debe estar aquí. Sólo estropean las buenas relaciones que existen entre España y Nigeria'.

'Los pequeños delincuentes habituales pasan muchas veces por comisaría, debido al colapso de la justicia', dice Benito, 'y a lo garantista de nuestro sistema penitenciario: ningún juez manda a prisión preventiva a nadie por un pequeño robo, para evitar que pasen en prisión preventiva más tiempo del que les va a caer'. Eso facilita casos como el de A. B., de Argelia, cuyo expediente policial registra 109 detenciones sin que haya sido aún expulsado de este país, o el de M. A., también argelino y con un expediente de 106 detenciones.