Un auto judicial admite que es ilegal encerrar a inmigrantes de pateras

Andalucía Acoge ha ganado un importante pulso judicial en materia de inmigración: una juez de Algeciras ha admitido en un auto que es ilegal detener a inmigrantes interceptados en pateras en centros de internamiento. Si las autoridades no pueden devolverlos en el plazo de 72 horas que marca la ley, deben ser puestos en libertad. Como consecuencia de esta decisión, el viernes fueron liberados 31 nigerianos que llevaban 14 días retenidos en un centro de Málaga.

Cuando el grupo de nigerianos fue interceptado en las costas de Tarifa el pasado día 16, la Subdelegación del Gobierno en Cádiz les abrió un expediente de devolución y solicitó al Juzgado número 5 de Algeciras su ingreso en el centro de internamiento de Málaga, a la espera de que se resolviesen los trámites y para evitar la huida de los detenidos. Andalucía Acoge consideró que la ley no preveía esta medida para los casos de devolución y que el traslado a los centros suponía una privación ilegal de libertad. El juzgado acordó su ingreso en el centro de Málaga y la ONG recurrió. Finalmente, el Juzgado número 5 de Algeciras le ha dado la razón: en los casos de las pateras, el internamiento 'no tiene cobertura legal'.

Los 31 nigerianos fueron puestos en libertad el pasado viernes. La resolución se fundamenta en que 'el internamiento en los supuestos de devolución por entrada ilegal en el país al amparo del artículo 58-2 b (el caso de las pateras) no se encuentra previsto en norma con rango de ley'. Por tanto, dispone dejar sin efecto la medida, ya que 'según la doctrina del Tribunal Constitucional, los preceptos legales deben interpretarse de la forma más favorable para la efectividad de los derechos fundamentales y no cabe duda de que la medida de internamiento afecta a un derecho fundamental'.

Aunque la decisión se refiere a casos concretos, para Andalucía Acoge los efectos serán genéricos. 'A partir de ahora no se podrá internar a las personas que lleguen en patera, ya que un juez ha dicho que carece de cobertura legal. Por lo tanto, se tratará de una detención ilegal', cree el presidente de la ONG, José Luis Rodríguez.

La juez de Algeciras adoptó la resolución en contra del criterio del fiscal, que pidió la confirmación del internamiento. El ministerio público entendía que el ingreso en el centro de Málaga era procedente porque 'otra solución conduciría a la paradoja de que quien intenta entrar por un paso fronterizo y es rechazado por carencia de alguno de los requisitos documentales o económicos, podría sufrir la medida extraordinaria del internamiento y, sin embargo, quienes sin cumplir ninguno de los requisitos, entrando por cualquier otro punto de la frontera (...) no se harían acreedores de tal medida'.

Esta controversia judicial no es la única polémica en torno al centro de internamiento de Capuchinos de Málaga, el único para toda Andalucía y Extremadura. Andalucía Acoge y el sindicato policial ANPU han arremetido en los últimos días contra su funcionamiento. La ONG sostiene que no se cumple la orden que regula estos centros, ya que no siempre se realizan las inspecciones médicas a los internos cuando ingresan ni cuenta con un trabajador social como es preceptivo. ANPU centra sus quejas en la seguridad de las dependencias, de las que en cuatro meses se han fugado 35 internos. Además, reclama la presencia de mujeres policía para atender a las internas y reivindica que se duplique la plantilla, formada en la actualidad por cinco agentes.

Esta sentencia coincide con las últimas cifras oficiales de inmigrantes interceptados en las costas, que durante los siete primeros meses de este año han sido 10.153, un 30% más que en el mismo periodo de 2000. Además, sólo en agosto se estima que han sido detenidas 3.100 personas más. En cuanto al número de cadáveres de inmigrantes localizados, al menos 130 han sido hallados ya en lo que va de año, cifra que duplica la de todo el año 2000, cuando aparecieron 58 cadáveres.