Dimite el subdelegado en Tarragona acusado de ofrecer 'papeles' a cambio de favores sexuales

Navarro presentó la dimisión inmediatamente después de conocer su implicación en un caso que relaciona inmigración ilegal y prostitución, aunque en una escueta nota remitida por la Subdelegación del Gobierno en Tarragona a última hora de ayer se explicaba que Raúl Navarro ha presentado su dimisión al ministro de Administraciones Públicas 'por motivos de salud'.

Fuentes de la Delegación del Gobierno en Cataluña indicaron ayer, sin embargo, que la dimisión está relacionada con el caso y que fue aceptada de inmediato el mismo miércoles, después de que la delegada, Julia García Valdecasas, consultara con el ministro del Interior, Mariano Rajoy, y el de Administraciones Públicas, Jesús Posada. Ambos estuvieron de acuerdo en que Navarro debía ser destituido inmediatamente. 'Ha pedido estar libre para poder defenderse. Que se defienda', dijo ayer un portavoz de la Delegación en Barcelona.

La nota emitida por Navarro pretendía ayer desvincular su dimisión de las diligencias judiciales y aseguraba que contra él 'no existe ninguna causa judicial'.

El caso arranca con una denuncia presentada ante la fiscalía de Tarragona. La subsiguiente investigación reveló la existencia de una trama de inmigración irregular de mujeres procedentes de los países del Este de Europa que, una vez en España, eran obligadas a prostituirse.

La vinculación de Navarro con el caso se basa, según fuentes conocedoras de la investigación, en su presunta relación con un prostíbulo regentado desde hace tiempo por una mujer rusa. En el prostíbulo se encontraban mujeres que no tenían permiso de residencia. Al menos una de ellas explicó que Navarro le había prometido papeles a cambio de favores sexuales. El titular del Juzgado número 9 de Tarragona tomó declaración a Navarro y a otros presuntos implicados, cuya identidad no ha trascendido, el jueves por la mañana.

Durante el corto tiempo que ha estado en el cargo, Navarro se ha distinguido por su interés en la lucha contra la inmigración irregular. Precisamente bajo su mandato se había diseñado una campaña que debía iniciarse este mes de septiembre.

El pasado miércoles el todavía subdelegado protagonizó una conferencia de prensa en la que informó de la existencia de 23 inmigrantes indocumentados en una explotación agraria de la provincia y el pasado lunes y martes mantuvo reuniones con cargos de las fuerzas de seguridad, empresarios, sindicatos y ONG con el objetivo reducir la contratación ilegal de inmigrantes que se hallan en España de forma irregular.

Durante la difusión de esta campaña, la subdelegación ordenó la expulsión de 24 personas, la mayoría de ellas procedentes de los países del Este. Entre los expulsados figuraban 14 mujeres de origen eslavo que habían sido detenidas durante una redada policial en prostíbulos de la zona.

En el entorno de Navarro se cree que la rapidez con la que le ha sido aceptada su dimisión no es casual. Habrían influido, según dichas fuentes, las discrepancias que mantenía con la delegada respecto a la imputación de los policías que cargaron contra una manifestación de payeses -que protestaban por la subida de los precios de los carburantes-, cuyo proceso se abrirá el próximo 26 de septiembre.

El PP se limitó ayer a 'respetar la decisión del subdelegado', subrayar que 'no hay escrito de acusación contra él' y que su decisión demuestra su voluntad de 'no perjudicar al Gobierno en este caso'.