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Decenas de miles de personas protestan en Argentina contra el duro plan de ajuste

El Parlamento aprueba una ley para frenar la constante fuga de capitales del país

El Gobierno no podrá retener, ni canjear por bonos, ni alterar los tipos de interés pactados de los fondos a plazo fijo en cajas de ahorro y cuentas corrientes. Signo de los tiempos que vive Argentina -8.000 millones de dólares salieron del país entre julio y agosto-, la medida pretende evitar fugas bancarias ante el temor de una medida confiscadora por parte del Estado. Los argentinos no olvidan los efectos del Plan Bonex, lanzado por el primer Gobierno de Carlos Menem, que ante la urgencia de liquidez congeló los ahorros y plazos fijos para canjearlos por bonos de deuda pública.

Un claro ejemplo de la desconfianza que impera entre los ciudadanos es la elevada cifra de depósitos en cajas de seguridad, más de 5.000 millones de dólares, según fuentes del Banco Central. Aunque este dinero no ha salido del país, tiene el mismo efecto negativo sobre la liquidez del sistema financiero. Tras el reciente anuncio de un nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) de 8.000 millones de dólares, el ministro de Economía, Domingo Cavallo, insiste que el dinero ha empezado a volver a los bancos, lo que demuestra, según el ministro, la confianza en el sistema.

La realidad no parece avalar, de momento, el optimismo del jefe del área económica. Día tras día, el Gobierno da cuenta de cifras escandalosas para explicar por qué Argentina ha llegado al borde de la quiebra y anuncia nuevos detalles del plan de ajuste contenido en la Ley de Déficit Cero. 'Hay tanta riqueza financiera dentro como fuera de la Argentina, lo que equivale a 70.000 millones de dólares colocados en el exterior entre inversiones financieras e inmobiliarias', ha declarado el ex viceministro de Economía Juan José Llach, hombre de confianza de Cavallo. Esta cifra explica el elevado precio del dinero, que actualmente se sitúa en un 23% anual, muy superior a los tipos de interés de 1999, que oscilaron entre el 10% y el 16%.

Hay más datos: según un informe del Ministerio de Trabajo, el empleo sumergido tiene un coste de 7.000 millones de dólares anuales, cantidad que equivale al déficit fiscal previsto para 2001. No se trata sólo de lo que el Estado deja de percibir en concepto de tributación, sino el freno que supone para la reactivación económica de un país que lleva tres años en recesión. Fuentes de Trabajo aseguran que los 3,7 millones de trabajadores que no tienen ningún contrato -el 30% de los argentinos con empleo- no tienen el acceso al crédito que tienen el resto de asalariados, lo que afecta directamente al consumo e impide la creación de puestos de trabajo.

Los sindicatos pretendían con la movilización exhibir la fuerza del sindicalismo tradicional frente a los movimientos más espontáneos como los piqueteros, que en los últimos tiempos han tenido el protagonismo principal de las protestas sociales. Como es habitual en los actos de los sindicatos peronistas, buena parte de los manifestantes llegaron a bordo de autobuses procedentes de la provincia de Buenos Aires, que habían sido previamente contratados por los organizadores. 'Este país ya está tocando fondo', dijo el líder de la CGT rebelde, Hugo Moyano. 'Que la deuda la paguen aquellos que se han beneficiado económicamente con esta política de timba', agregó el jefe de la CGT oficial, Rodolfo Daer. El Gobierno respondió por boca de la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich: 'Gastar esta cantidad de dinero en una movilización no es lógico; lo lógico sería que los gremios [sindicatos] gasten eso en ayudar a sus desocupados', subrayó.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 31 de agosto de 2001