La Comunidad arrebata al Ayuntamiento sus competencias urbanísticas en el casco histórico

Según explicó la directora general de Patrimonio, Victoria Marín, en los próximos días se publicarán otros 14 expedientes, con lo que la Comunidad habrá delimitado todo el centro histórico -el llamado Madrid de los Austrias- y las competencias sobre el patrimonio serán exclusivamente suyas. De esta manera, el Gobierno regional deja claro que el Ayuntamiento está obligado a notificarle cualquier 'actuación arquitectónica y urbanística' que intente llevar a cabo en estos perímetros. Incluso deberá notificarle los materiales que empleará en las calles y hasta el tipo de plantas y árboles que coloque. Marín admite que se elimina así la posibilidad de que se produzcan 'interpretaciones distintas' sobre las competencias de cada administración.

El origen de estas 'interpretaciones distintas' está en la Ley del Patrimonio Español de 1985. En esta norma se especifica que, cuando un ayuntamiento emprende el plan especial de un área, la zona se desprotege, excepto los edificios históricos -todo el casco histórico es bien de interés cultural-. El Ayuntamiento recupera así el control de la zona y la Comunidad se queda sólo con el monumento.

Para evitar estas situaciones, el Gobierno regional aprobó en 1998 una nueva Ley del Patrimonio que eliminaba la posibilidad de que el Ayuntamiento pudiera desproteger áreas históricas. Pero el Consistorio, según explicó Marín, argumentó que estos monumentos se rigen por la ley de 1985, por lo que, con planes especiales, se podía desproteger.

Por ello, en sus ocho resoluciones, la Consejería de Educación deja ahora muy claro al Ayuntamiento y 'comunidades de propietarios' que, en virtud de los artículos 16 y 19 de la Ley de Patrimonio Histórico Español y el 32.2 de la normativa regional, 'es preceptiva la previa autorización' de Patrimonio 'para el otorgamiento de licencias municipales o actuaciones dentro del entorno'.

De esta manera, cualquier modificación que se realice en el recinto histórico deberá ser aprobada antes por la comisión local de Patrimonio, donde Comunidad y Ayuntamiento se reparten el número de vocales (cuatro cada uno), pero donde el voto de la presidenta, Victoria Marín, tiene valor doble.

Las primeras áreas que el Gobierno quiere delimitar son los alrededores de la capilla del Obispo de San Isidro, la iglesia de San Nicolás de Bari, San Pedro el Viejo, el Cristo de los Dolores, Nuestra Señora del Carmen, San Miguel y la iglesia de Sacramento. En breve se publicará la incoación de otras zonas, con lo que el centro será competencia exclusiva del Gobierno.

Función histórico-cultural

Patrimonio justifica la medida 'por la función histórico-cultural' de cada monumento, donde 'se incluye la correcta percepción desde el área colindante, manteniendo el equilibrio armónico de los valores ambientales, urbanísticos y arquitectónicos'.

Adriano García-Loygorri, alcalde en funciones, abogó ayer por 'un buen entendimiento entre las administraciones'. 'No creo que cuando plantemos unas macetas o pongamos una losa tengamos que pedir permiso a la Comunidad, ya que hay una buena comunicación'. García-Loygorri aseguró que 'todo lo que repercuta en la conservación y mantenimiento del patrimonio es bien recibido por el Ayuntamiento'.

Hace dos meses, la Comunidad se retiró del jurado que debía decidir el ganador de un concurso municipal para reformar el paseo del Prado. El Gobierno argumentó que no podía ser juez y parte, ya que debía dar el visto bueno final al proyecto ganador, porque el Prado también está protegido. Los ocho nuevos expedientes de Patrimonio inciden también en que sólo quiere ser juez en el Madrid de los Austrias.