Un 'déficit' sin resolver

El conflicto entre el Gobierno y Telefónica por las tarifas que aplica a sus clientes se remonta a 1998. Ese año, la operadora decidió denunciar al Ejecutivo ante la Unión Europea para defender sus intereses económicos. Telefónica consideró que la liberalización de las telecomunicaciones en España se había realizado sin permitir al antiguo monopolio adaptarse a la nueva situación.

Como consecuencia de esta denuncia, el comisario de la Competencia, Mario Monti, acordó en diciembre del año pasado enviar un primer dictamen motivado que instaba al Ejecutivo a modificar las condiciones impuestas a Telefónica.

La investigación de Bruselas concluyó que Telefónica tendría que aumentar la cuota de abono mensual que cobraba a sus clientes para compensar lo que la operadora llama déficit de acceso. Este concepto hace referencia al desequilibrio que existe entre lo que pagan los abonados por tener acceso a la red y lo que la compañía gasta en permitir que esa red llegue a cada domicilio. Telefónica cifraba este déficit en 173.000 millones de pesetas.

La medida que el Gobierno anunció en abril resolvió parcialmente el conflicto de intereses. Telefónica obtuvo el permiso para incrementar su cuota de abono de forma gradual desde las 1.642 pesetas que cobraba en abril hasta las 2.100 pesetas que está previsto que alcance en 2003. A cambio, el Ejecutivo obligó al operador a reducir sus precios por llamadas un 15% en ese periodo de tiempo.