El PP pide que se 'depuren responsabilidades' en la Consejería de Justicia por 'negligencia política'
El secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, pidió ayer que se 'depuren responsabilidades' en la Consejería de Justicia por el robo de expedientes en los juzgados de Marbella y el asalto a los de Torremolinos, ya que, a su juicio, se ha producido una clara 'negligencia política' en materia de seguridad. Sanz acusó al presidente de la Junta, Manuel Chaves, de intentar 'lavarse las manos' respecto a estos asuntos y añadió que su actitud es la de un 'político irresponsable' por no tomar medidas de vigilancia pese a las reiteradas advertencias sobre la inseguridad de las sedes judiciales de sindicatos, asociaciones profesionales y partidos políticos.
En este sentido, el dirigente popular recordó que el informe anual del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de 1999 ya llamaba la atención, entre otras deficiencias, sobre la frágil vigilancia de edificios judiciales en Almería, Córdoba y Málaga, y afirmó que la Junta no se ha tomado en serio las competencias de Justicia desde que las asumiera en 1997. 'La creación de la Consejería de Justicia sólo ha servido para montar más bronca con el Gobierno central y abundar en la confrontación permanente', dijo.
Antonio Sanz anunció la petición de comparecencia de la consejera de Justicia, Carmen Hermosín, en el Parlamento autonómico y la presentación de una proposición no de ley para poner en marcha un plan urgente para instalación de escáner, vigilancia y sistemas contra incendios con una partida inicial de 800 millones de pesetas.
El popular lamentó que la Junta haya rebajado este año la inversión en seguridad de juzgados en 65 millones de pesetas, al pasar de 196 millones en 2000 a 131 en 2001, al tiempo que aseguró que en los cuatros años de gestión de la Junta no se ha creado ni una sola sede judicial en Andalucía.
Sanz consideró necesario que los responsables de la Junta 'den la cara y se acabe con la actual sensación de impunidad, que se traduce en que la acción de la justicia puede paralizarse a capricho de unos pocos'.
En la misma línea se expresó el secretario general del PP, Javier Arenas, quien también acusó a la Junta de 'negligencia' y pidió al propio Manuel Chaves que comparezca para ofrecer explicaciones, informa Efe. Desde Madrid, Arenas calificó de 'absolutamente absurdo y ridículo' que Chaves haya manifestado que el problema no es de seguridad sino de corrupción. 'El problema de Marbella es de seguridad y corrupción, las dos cosas están íntimamente unidas sin ningún tipo de dudas', subrayó el dirigente popular.
Por su parte, el portavoz de IU en el Parlamento, Antonio Romero, señaló que la Junta es 'insolvente' y ha pecado de 'dejación de funciones'. 'El Gobierno de Manuel Chaves no garantiza la seguridad democrática en Andalucía', denunció Romero.
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