El juez decide archivar la causa por la muerte del director del parque de Sobrón, destrozado por dos de sus osos

La causa penal que se abrió tras el accidente que costó la vida el 10 de abril al responsable de parque de Sobrón (Álava), José Ignacio Aresti, destrozado por dos osos que cuidaba desde que nacieron, ha sido archivada por el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Vitoria. La decisión supone que no existe un responsable penal de los hechos, que, según todos los indicios, se debieron al comportamiento temerario de la víctima, pero además afecta a otro caso anterior en el que el fallecido figuraba como único imputado: el ataque, dos años antes, de uno de los osos a una turista alicantina, que perdió una pierna.

Aresti, director del parque desde hacía 10 años y un personaje peculiar que recibió múltiples críticas por su gestión del espacio natural, trataba a los animales con una familiaridad inapropiada, según los expertos. El 10 de abril, comprobó que uno de ellos se hallaba fuera de su jaula. Inicialmente, pidió ayuda por teléfono a un conocido, pero luego decidió encerrarlo él mismo. Los osos, que agotaban la última fase del periodo de hibernación, en que se muestran más inestables y hambrientos, se revolvieron contra su cuidador y le introdujeron en la jaula, donde lo destrozaron. Sus gritos de socorro sólo sirvieron para que un grupo de trabajadores tratara infructuosamente de liberarlo con piedras y palos. Finalmente, un cazador del pueblo mató a tiros a los osos.

La Diputación alavesa, dueña de los terrenos del parque, negó cualquier responsabilidad en el suceso, pese a que varios partidos demandaron una comisión investigadora.

La institución foral podría ser considerada responsable civil subsidiaria si la defensa de la turista alicantina Carmen Iborra opta por esta vía tras el archivo. La mujer perdió una pierna tras ser atacada por los mismos osos el 11 de julio de 1999. El único imputado directo era el propio Aresti, quien negó en su día falta de seguridad en las jaulas. Los testigos y la propia Iborra aseguran que no existían barreras de protección frente a las casetas.

Los abogados de la víctima estudian la alternativa que les queda tras el sobreseimiento: prolongar la causa por la jurisdicción civil contra los herederos de Aresti u optar por el contencioso-administrativo frente a la Diputación.