La juez tiene ya una lista de sospechosos del robo de sumarios en los juzgados de Marbella
Funcionarios destapan 'comportamientos y relaciones irregulares' de algunos compañeros
La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella espera concluir entre hoy y mañana los interrogatorios a los 29 funcionarios, entre secretarios, oficiales y auxiliares de los tres juzgados de instrucción de los que han desaparecido documentos. De momento no se ha adoptado ningún acuerdo, pero las fuentes consultadas han indicado que existe optimismo sobre la pronta resolución del caso, a tenor de las pistas aportadas por algunos funcionarios. Producto de estas pesquisas es la lista de posibles sospechosos que ya tiene la juez, que incluye a dos o tres funcionarios. La Cadena SER señaló por su parte que el sospechoso es un agente judicial que actuó en connivencia con otra persona ajena a los juzgados.
El fiscal jefe en funciones de la Audiencia Provincial de Málaga, Antonio Morales, ha corroborado la colaboración de los funcionarios con la investigación: 'Temíamos que se levantara un muro de silencio, pero nos hemos encontrado con que se están diciendo cosas interesantes y se han manifestado conductas, amistades y relaciones extrañas de algunos funcionarios que abren vías de investigación'.
Situación límite
La situación interna en los juzgados de Marbella parece haber llegado a un límite tras la sustracción de los sumarios de Gil. Funcionarios que guardaban silencio sobre las sospechas de corrupción judicial sembradas en los últimos años, están dispuestos ahora a tirar de la manta. Los funcionarios tuvieron que salir el martes de la sede judicial por una puerta trasera y protegidos por la policía al ser increpados por un centenar de manifestantes que protestaban contra la corrupción.
La policía conoce ya el ordenador desde el que se borraron los archivos informáticos y la clave con la que accedieron los ladrones al sistema, aunque presumiblemente utilizaron la de otro usuario. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Augusto Méndez de Lugo, ha dicho que los autores del robo no tuvieron en cuenta que todos los equipos informáticos disponen de un disco de seguridad, gracias al cual ha sido posible recuperar los archivos informáticos de los sumarios, si bien han desaparecido numerosos documentos originales que sólo existen en papel, como certificaciones bancarias o extractos de movimientos de cuentas.
Méndez de Lugo ha considerado 'un absurdo total y absoluto, carente de todo fundamento' la acusación vertida por Jesús Gil contra el ex titular del juzgado de instrucción número 7 de Marbella Santiago Torres, de quien dijo que se llevó los sumarios. Gil mantiene una enemistad manifiesta contra este juez, quien instruyó el sumario del caso de las camisetas, por el que fue condenado a 28 años de inhabilitación. Durante la instrucción de la causa, en enero de 1999, Torres encarceló a Gil, aunque 20 días más tarde lo puso en libertad porque padecía una enfermedad coronaria.
Mientras tanto, continúa la polémica política sobre la custodia de la sede judicial. El portavoz del PP en el Parlamento andaluz, Antonio Sanz, insistió ayer de nuevo en solicitar la comparecencia parlamentaria de la consejera de Justicia y Administración Pública, Carmen Hermosín, y acusó a la Junta de 'no haber tomado medidas para corregir los sistemas de seguridad de la sedes judiciales que los sindicatos vienen reclamando desde hace mucho tiempo'. Sanz dijo que hay dependencias del TSJA donde los expedientes están depositados en el suelo y en los pasillos, de forma que 'cualquiera puede llevarse un papel'.
Sanz arremetió contra el secretario de Organización del PSOE, José Blanco, de quien dijo que no tiene 'ni idea de lo que es el reparto competencial'. Blanco instó el martes al ministro de Justicia, Ángel Acebes, a dar alguna explicación de lo ocurrido en Marbella. Según la Consejería de Administración Pública y Justicia, sus competencias se limitan a la vigilancia de los edificios judiciales, servicio para el que tiene contratadas agencias privadas, y en ningún caso a la custodia de documentos, que es responsabilidad de los secretarios judiciales.
