El 'síndic' pide que los fines sociales se valoren en los concursos públicos

El síndic de Greuges, Anton Cañellas, ha pedido a la Generalitat y al Ayuntamiento de Barcelona que exijan el cumplimiento de fines sociales a las empresas que opten a un concurso público. Cañellas solicita también que estos objetivos sociales constituyan una condición más valorada a la hora de elegir la entidad adjudicataria.

Cañellas considera que factores como la promoción y la estabilidad de la ocupación, la adopción de medidas de seguridad en el trabajo y la incorporación de personas con riesgo de exclusión en la plantilla 'deben tenerse en cuenta a la hora de evaluar las ofertas que presentan los empresarios que quieren acceder a una contratación pública'. Cañellas lamenta que las administraciones tienen mecanismos demasiado 'tímidos' para incrementar la participación de entidades que persiguen fines sociales en la contratación pública.

La recomendación del síndic parte de la queja que la cooperativa Rauxa le hizo llegar al perder el concurso público para gestionar los comedores sociales de Navas y Paral.lel de Barcelona. La entidad, dedicada a la rehabilitación de personas alcohólicas sin techo, impugnó el concurso porque consideró que presentaba la mejor oferta económica y social y, en cambio, se adjudicó el servicio a una multinacional.

En la petición dirigida al Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat, Cañellas no cuestiona la actuación municipal en el caso relativo a Rauxa, ya que, asegura, la resolución corresponde 'a la jurisdicción contenciosa ante la cual se ha recurrido'. Sin embargo, reclama al Ayuntamiento 'una actitud más activa' a la hora de exigir a las empresas que opten a un concurso público el cumplimiento de fines sociales. De esta petición, afirma el síndic, 'todas las administraciones pueden considerarse destinatarias'.

El síndic pide también al Gobierno de la Generalitat que 'valore la oportunidad' de impulsar una normativa que regule la incorporación de cláusulas sociales como criterios para la adjudicación de los contratos públicos.