La Junta ejerce de acusación en el proceso por el fuego de Cazorla

La delegada de Medio Ambiente en Jaén, Mercedes Fernández, dijo ayer que el tiempo de recuperación de las 836 hectáreas calcinadas en el fuego originado el pasado 31 de julio dependerá de la capacidad que se tenga para contrarrestar la erosión y evitar la propagación de plagas en el medio forestal. Fernández eludió pronunciarse sobre el tiempo necesario para recuperar el monte. Técnicos forestales calcularon tras el siniestro que algunas zonas tardarán medio siglo en recobrar su estado original.

El plan de actuación de Medio Ambiente prevé la construcción de diques y otras estructuras de contención en las zonas con mayor nivel de escorrentías superficiales. El objetivo es atenuar el riesgo de erosión y de colmatación de los pantanos por el arrastre de tierra.

Prevención de plagas

Para evitar las plagas y enfermedades forestales se procederá a la eliminación de los árboles calcinados y a la recuperación de la capa orgánica del suelo. La delegada, que no cuantificó el coste de estos trabajos, dejó claro que 'toda la madera se utilizará para contribuir a la restauración y al desarrollo biogeoquímico de la zona afectada'. En una fase posterior se llevarán a cabo actuaciones de restauración en la cubierta vegetal, se prohibirá el pastoreo en una zona ya de por sí regulada y, finalmente, se seguirá un programa de reforestación.

Por su parte, el delegado del Gobierno andaluz en Jaén, Francisco Reyes, lanzó duras críticas contra el PP, al que acusó de crear 'alarma social' y utilizar el fuego 'como elemento de confrontación de política'.

Reyes explicó que la Junta se ha personado como acusación particular en la causa abierta por el Juzgado de Instrucción número 1 de Cazorla contra el único detenido por su presunta vinculación con el origen del fuego, Domingo Díaz Bonache, un antiguo empleado de Medio Ambiente que trabajó en el retén contra incendios de El Vadillo, en Cazorla, hasta que hace 10 años se dio de baja por enfermedad. Díaz, de 65 años, vive en una cortijada a muy pocos metros de donde se localizó el primer foco del incendio.

María Bonache, la esposa del inculpado, insistió en la inocencia de su marido y reprochó a la policía autonómica que basara la detención sólo en presunciones en torno a conflictos sobre concesiones de Medio Ambiente a la familia, que dispone de una casa y de una antigua cañada real que utiliza para el ganado ovino que tienen. 'A mi marido lo han utilizado como conejillo de indias y porque tenían que coger a alguien', subrayó.

La comparecencia prevista para ayer ante el juez de Domingo Díaz quedó aplazada por petición del Ministerio Fiscal. Fuentes judiciales dijeron que ha sido el fiscal el que se ha negado a iniciar cualquier proceso hasta que comparezcan todos y cada uno de los afectados por el incendio. Por tanto, la titular del juzgado número 1 de Primera Instancia e Instrucción de Cazorla, María Jesús López Chacón, deberá más adelante convocar una nueva comparecencia en la que se asegure la presencia de todos los afectados.

Por su parte, el alcalde de la Iruela, Antonio Castillo (PSOE), dijo que los nueve ayuntamientos que forman la comarca jiennense del Alto Guadalquivir tienen decidido personarse. 'Pero cuando tengamos contra quién', matizó. 'No tenemos a nadie a quien acusar, sólo una persona que fue detenida y que ahora está en libertad. Los alcaldes esperarán a las calificaciones del Ministerio Fiscal para adoptar una decisión al respecto', añadió.