Jueces y fiscales denuncian que la tortura sigue siendo habitual en Argentina

La difusión del documento deteriora todavía más la maltrecha imagen de la policía, sobre la que abundan noticias negativas. La última es la dura sentencia dictada el jueves contra siete integrantes de la disuelta banda de los ex comisarios. Tres de ellos fueron condenados a cadena perpetua por el secuestro en 1992 del actual presidente del club de fútbol Boca Juniors, Mauricio Macri. Dictó la sentencia el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, uno de los firmantes de la declaración contra la tortura.

También rubrica el documento Gabriel Cavallo, titular del Juzgado Federal número 4, responsable de una de las decisiones más trascendentales desde el fin de la dictadura: la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que exoneraron a más de 1.000 militares implicados en graves violaciones de derechos humanos.

La declaración de los jueces se basa en gran medida en una investigación de 11 meses del defensor de Casación de la provincia de Buenos Aires, Mario Coriolano, que da cuenta de 602 casos reseñados de torturas en comisarías y cárceles entre marzo de 2000 y junio pasado. En la mayoría de casos, los malos tratos consisten en puñetazos y patadas en varias zonas del cuerpo; golpes con bastones; amenazas (en algunos casos, con arma de fuego). También se han registrado casos de aplicación de picana (corriente eléctrica), que era una tortura habitual durante la dictadura, y submarino seco (asfixia con una bolsa de plástico).

Coriolano recuerda que los represores que en 1976 (año del golpe militar que dio paso a la dictadura) tenían entre 20 y 30 años hoy superan los 40 y ocupan cargos intermedios en instituciones como la policía o el servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires. En marzo de 2000 entró en funcionamiento un banco de datos organizado por la Defensoría de Casación provincial, con el fin de medir los casos de malos tratos y compararlos con años anteriores. El peronista Carlos Ruckauf, adalid de la mano dura para combatir el delito, llegó a gobernador a finales de 1999. 'Pronto empezamos a ver que en las comisarías se pegaba más, a pesar de que muchas denuncias de tortura no llegan al defensor provincial, bien porque se presentan en la fiscalía o simplemente no se ejecutan por miedo a represalias', explica Coriolano.

El informe denuncia el hacinamiento como fuente de conflictos: 'En la actualidad, las condiciones de detención en comisarías se han visto agravadas de manera legalmente insostenible: a mediados del mes de noviembre de 1999, había 2.100 presos alojados en comisarías, mientras que en la actualidad -información obtenida del ministerio de Seguridad con fecha 16 de abril de 2001- las comisarías alojan a 5.797 personas. Tal superpoblación es constitutiva de penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes'.

Casi todas las comisarías se encuentran alojando más de tres veces su capacidad. Víctor Abramovich, director ejecutivo de Centros de Estudios Legales y Sociales (CELS), señala que su organización viene denunciando en sus informes anuales la sobrepoblación carcelaria, 'pero las autoridades han hecho oídos sordos'. 'Los agentes tienen que encargarse de vigilar a los detenidos en vez de salir a la calle para combatir la delincuencia', añade Abramovich, que concluye que la denuncia 'muestra el fracaso de la política del Gobierno de la provincia'.

El varapalo de la declaración de los jueces no se limita al poder Ejecutivo sino que también alcanza al propio poder judicial que, 'con pocas excepciones, no aplica las normas penales destinadas a evitar y sancionar la tortura'. Los firmantes del documento proponen, entre otras alternativas, una policía judicial con nuevos cuadros y un nuevo espíritu democrático, que dependa sólo del poder judicial y la depuración administrativa de los cuadros policiales y penitenciarios.