Washington dará papeles a un millón de inmigrantes mexicanos

El secretario de Estado, Colin Powell, y el fiscal general, John Ashcroft, se reunieron el pasado jueves en Washington con los ministros de Exteriores y de Justicia de México, Jorge Castañeda y Santiago Creel, para trabajar en los detalles del programa, que debería estar listo antes de fin de año. El Gobierno mexicano tiene prisa por conseguir esa regularización masiva. El presidente Vicente Fox confiaba en que estuviera lista el mes próximo para anunciarla solemnemente, junto a Bush, durante su prevista visita a Washington.

Pero Powell y Castañeda reconocieron que los detalles son complejos y el programa tardará aún unos meses en estar a punto. 'No es bueno apresurarse', dijo Powell. 'Lo importante no es la fecha, sino la calidad del acuerdo', le secundó Castañeda. Falta por decidir cuál será el tiempo de residencia y trabajo en EE UU que deberán acreditar los inmigrantes mexicanos para obtener de forma automática la regularización.

'El programa se basará en la comunidad de intereses entre el país de origen y el país de acogida, y reconocerá la contribución de los inmigrantes sin papeles a la prosperidad de Estados Unidos', explicó Colin Powell. Santiago Creel reconoció que la regularización de los mexicanos que trabajan al norte de la frontera es 'un objetivo prioritario' de la Administración de Fox.

En términos políticos, una de las grandes complicaciones consiste en decidir quién queda fuera de la regularización. El número de inmigrantes sin papeles en Estados Unidos se estima entre siete y ocho millones, de los que unos tres millones proceden de México. Aun cuando se cumpla el objetivo del programa y se conceda permiso de residencia y trabajo a un millón de mexicanos, aproximadamente, otros dos millones quedarán al margen. Y los inmigrantes de otros países se sienten discriminados. 'Los mexicanos merecen una amnistía de algún tipo, pero es muy peligroso conceder beneficios a un grupo determinado y negárselos a otros como los hondureños, los guatemaltecos o los haitianos', comenta Cheryl Little, directora del Centro de Inmigración de Florida.

La discriminación entre inmigrantes no es nueva en Estados Unidos. Se practicó a finales del siglo XIX y principios del XX con los chinos (primero, a favor; después, en contra) y más recientemente con los cubanos, que por razones políticas gozan de una situación privilegiada desde la llegada al poder de Fidel Castro. De forma más limitada, Bush aprobó en marzo una política de manga ancha con los salvadoreños, como forma de auxilio tras los terremotos que devastaron el país.

También será complicado convencer a amplios sectores del Partido Republicano de la conveniencia de una 'amnistía' para cientos de miles de inmigrantes irregulares, en un momento en que la economía estadounidense bordea la recesión y el desempleo crece mes a mes. El líder de la Cámara de Representantes, el republicano Dennis Hastert, opinó ayer que la medida encontraría serias resistencias en el Congreso. 'No sé cómo se podrá explicar a quienes deben esperar años para conseguir la ciudadanía que los mexicanos', dijo, 'tienen derecho a un atajo especial. Tampoco me parece lógico un programa que, en último extremo, atraerá a más irregulares que confiarán en nuevas amnistías'. Según Hastert, el programa debería basarse en la temporalidad: 'Necesitamos gente para desempeñar ciertos trabajos, eso es cierto; pero esa gente debería entrar en el país, hacer el trabajo y volverse a casa'.

Eliseo Medina, vicepresidente ejecutivo del Sindicato de Empleados de Servicios, opinó lo contrario: 'Cada vez es mayor el consenso en torno a la idea de que ha llegado el momento de legalizar a millones de inmigrantes que trabajan duro en este país, sean de la nacionalidad que sean', declaró.