El Gobierno anuncia que expulsará al 80% de los inmigrantes desalojados del centro de Barcelona

El 80% de los inmigrantes que el Gobierno ha decidido echar de España tiene un trámite de expulsión abierto desde hace meses, mientras que el resto está pendiente de que la Delegación del Gobierno resuelva su solicitud por motivos humanitarios o de arraigo.

La Delegación del Gobierno comunicó ayer la decisión de expulsar a los inmigrantes después de una tarde de reuniones bilaterales entre los máximos responsables de la citada institución, el Departamento de Bienestar Social de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona. De esos contactos también surgió el acuerdo de alojar temporalmente a los inmigrantes en colaboración con la Cruz Roja. La casa de acogida se halla en Tiana, a 15 kilómetros de Barcelona.

La consejera de Bienestar Social, Irene Rigau, que compareció en rueda de prensa junto a la alcaldesa accidental, Núria Carrera, matizó que se tratará de un alojamiento 'puntual y transitorio', 'mientras los inmigrantes no reciban la documentación conforme son expulsados o se encuentran en proceso de arraigo'. Así, la Cruz Roja se hará cargo a partir de hoy de la asistencia e identificará qué personas formaban parte del colectivo de la Plaza de Catalunya.

Pero, ¿qué pasará con los inmigrantes que rechacen el alojamiento o dejen Barcelona para no ser expulsados? Fuentes de la Delegación del Gobierno afirmaron anoche que 'la policía no va a perseguir a estos inmigrantes; simplemente se les va a comunicar la expulsión', aunque no especificaron cómo. La consejera de Bienestar Social afirmó que desconocía la reacción de los inmigrantes, pero manifestó que, 'en principio, ellos están interesados en ser alojados'.

Una vez el juez ordene la expulsión, los inmigrantes serán alojados por grupos en el centro de internamiento de La Verneda de Barcelona. El Ejecutivo confía en que el primer grupo entre antes de dos semanas y el último antes de finales de septiembre. Según precisó la Delegación del Gobierno, la mayor parte de los subsaharianos expulsados serán repatriados a Nigeria, país que reconoce a la mayor parte de estos sin papeles como ciudadanos suyos.

La tarde de ayer estuvo marcada por las reuniones no sólo institucionales, sino también de la plataforma de sindicatos, asociaciones cívicas y de vecinos que apoyan a los subsaharianos. Los contactos para evitar su expulsión inmediata y pedir la solidaridad de la población se multiplicaron. Muchos ciudadanos se acercaron hasta la plaza Berenguer el Gran, donde los inmigrantes se encontraban desde el jueves.

Anoche, la incertidumbre reinaba entre los concentrados. La noticia de la expulsión cayó como un jarro de agua fría y eran muchos los que se planteaban abandonar el lugar para no ser identificados y evitar el ingreso en el centro de internamiento. La tensión también se acrecentó por las pequeñas disputas entre los subsaharianos que comenzaron la protesta al ser desalojados y un grupo de inmigrantes magrebíes que se han sumado después.

De momento, el ayuntamiento pretende identificar a los inmigrantes que secundaron la protesta para darles alojamiento y atención social mientras no sea expulsados. Hoy y mañana, las oficinas municipales estarán abiertas de forma extraordinaria.

El ayuntamiento recordó a los inmigrantes que no podían pernoctar en la plaza Ramon Berenguer el Gran, en el centro turístico de la ciudad, aunque no especificó dónde podían pasar la noche. Sin embargo, los subsaharianos optaron por quedarse a dormir en la plaza que ya les acogió la noche anterior. El sindicato CGT, que acogió a los inmigrantes en sus locales durante una noche, hizo un llamamiento a todos los ciudadanos para que se concentren en la plaza Berenguer el Gran para protestar contra la expulsión.

Por otro lado, cuatro argelinos que el 12 de julio fueron detenidos cuando participaban en una huelga de hambre ante la catedral de Lleida para reclamar su regularización han sido expulsados, según informó a Efe la Plataforma en Defensa de los Inmigrantes.

El portavoz parlamentario del PSOE, Jesús Caldera, dijo que los sucesos de Barcelona demuestran que no hay política de inmigración y que la 'Ley de Extranjería no sirve porque ni siquiera se aplica'. El PSOE, en todo caso, afirma que 'la ley hay que cumplirla', por lo que exigió al Ejecutivo que decida los inmigrantes que se pueden quedar y que expulse a los demás. La dirigente del PP Mercedes de la Merced aseguró que las declaraciones del PSOE dejan claro que 'los socialistas han cambiado de opinión y añadió que para ser consecuentes deberían retirar el recurso contra la Ley de Extranjería'.