'¿Dónde llevo ahora a mi hijo?'

A Mercedes Rodríguez le costó mucho encontrar una residencia para su hijo Artus, un chaval de 16 años con las facultades de un bebé de doce meses. Y, ahora, cuando ya lo había conseguido, va a quedarse sin ella. Hasta hace tres años el chico, con un trastorno de madurez severo, acudía a un colegio de educación especial y vivía en el domicilio familiar, en Madrid. Pero creció y ella ya no podía atender a un muchachote que, con 1,70 de altura y 60 kilos de peso, gritaba, se tiraba al suelo, se tropezaba, se daba golpes y era incapaz de comer, lavarse o vestirse solo. 'Para poder ir al baño tenía que encerrarle en su habitación durante unos minutos porque si no era imposible'.

Fue una bendición encontrar plaza en el Patronato Santa Teresa, un centro privado de educación especial en Martiherrero (Ávila) regido desde hace 35 años por una fundación benéfica diocesana. Hubiera preferido una residencia más cercana a su domicilio pero, o no tenían plazas, o, al ver el profundo retraso del chico, le decían que no le podían admitir. Había encontrado una solución. Eso sí, a 150 kilómetros de distancia que recorría cada fin de semana.

'Si no hay solución tendré que aguantarme y llevar a la niña a un centro a 800 kilómetros de mi casa, pero entonces apenas la veré'

Pero el 26 de julio una carta del Patronato la sumió de nuevo en la angustia. 'Me dicen que mi hijo debe abandonar el centro el 1 de septiembre porque la Junta de Castilla y León les obliga a cerrar dos pabellones y eso hace necesario reducir camas. ¿Dónde voy a llevarlo ahora si me lo dejan en la calle de sopetón, en pleno verano? La Comunidad de Madrid, que me subvenciona el 75% de la plaza del chico, dice que no me preocupe, que ellos le buscan otro centro; pero en Madrid no hay residencias para él y, si por ejemplo, se lo llevan a Cartagena ¿cuándo lo veré?'.

Én esta situación están 100 familias de discapacitados psíquicos, niños y adultos, internos en el Patronato Santa Teresa a las que se les han amargado las vacaciones. En los últimos quince días el centro les ha informado por carta de que sus hijos perderán la plaza a partir del 1 de septiembre.

La Junta de Castilla y León, tras una inspección realizada este verano, no permite el uso de dos de los tres pabellones del centro 'porque sus forjados carecen de la resistencia adecuada'. Eso obliga a dejar en 64 las 170 camas existentes. La mitad de los afectados son discapacitados de Castilla y León y el resto de otras comunidades como Madrid (34) y País Vasco (15), que recurrieron a esta residencia por falta de plazas en su territorio. La medida supone el despido de 70 de los 135 trabajadores del recinto.

El centro, aunque privado, tiene plazas concertadas con la Comunidad de Madrid, la Diputación de Vizcaya y la Junta de Castilla y León.

Luis Barbado, director técnico de la gerencia de Servicios Sociales de la Junta, explica que 'los forjados de madera de los dos pabellones cerrados no tienen la resistencia adecuada. Eso no significa que se vayan a caer mañana pero supone asumir un riesgo que no debe asumirse'. 'El Patronato dice que el problema no es tan grave pero que nos lo demuestren con un informe técnico. No vamos a discutir si hay mucho o poco peligro, con que lo haya basta', concluye.

Pura Alarcón, coordinadora del Santa Teresa , explica que han elaborado un contrainforme arquitectónico en el que se reconoce que, en los dos edificios citados, 'puede haber deficiencias estructurales pero no como para que vayan a caerse'. 'Llevábamos cuatro años pidiendo a la Junta ayuda económica para hacer la reforma. El 11 de julio nos citaron en Valladolid para que cerrásemos los dos pabellones al día siguiente y el 20 nos lo comunicaron por escrito. Nosotros no queremos echar a nadie', matiza.

Sagrario Hernández, representante de CC OO en el Patronato, responsabiliza de lo sucedido a la dirección. 'No se entiende que en los últimos tres años hayan duplicado el número de internos cuando ya sabían que esos dos pabellones estaban obsoletos'. También critica que se haya optado por los despidos 'en lugar de por la regulación de empleo'.

Los únicos afectados que han encontrado una solución inmediata son los 15 procedentes de Vizcaya. La Diputación foral les ha buscado plaza en Palencia, en un centro de la Orden de San Juan de Dios. La Comunidad de Madrid ha comunicado a las familias 'su disposición a hallar soluciones' y las ha encontrado ya para 4 niños. También la Junta busca alternativas para los internos de Castilla y León.

Elena Rodríguez se pregunta desde hace días qué va a ser de su hija. Fue muy difícil encontrar una residencia para esta niña de 11 años con un retraso mental severo y alteraciones graves de conducta. Ella no se puede hacer cargo de la pequeña porque, en cuanto se descuida, la chiquilla se autolesiona golpeándose con lo que puede. Hace dos años recurrió al juez y éste ordenó el ingreso de la cría en Santa Teresa.

Ahora su hija se queda en la calle. 'Madrid carece de plazas para casos tan graves y si no hay otra solución tendré que aguantarme y llevar a la niña a un centro a 800 kilómetros de casa. Pero entonces apenas la veré y yo quiero estar con ella'