Italia castigará la inmigración ilegal con hasta 4 años de cárcel

La ley italiana de inmigración pretende permitir la entrada en el país sólo a los extranjeros que vengan con un contrato de trabajo y agilizar los trámites de expulsión de manera que el inmigrante pueda ser devuelto a su país de origen en el plazo máximo de una semana, con la prohibición de regresar a Italia en un plazo de 10 años (actualmente son cinco). Los cupos de inmigrantes aceptados se fijarán en función de las necesidades del mercado de trabajo. El texto será sometido a su aprobación por el Parlamento en septiembre

La llamada Ley Bossi-Fini (líderes de la Liga Norte y de la posfascista Alianza Nacional, impulsores del texto) establece además el delito de 'trata de seres humanos', castigado con hasta 20 años de prisión para los responsables de las redes de inmigración clandestina. El extranjero que sea objeto del delito será considerado víctima y se le asegurarán asistencia y protección. Los empresarios que empleen a inmigrantes sin permiso se enfrentarán a penas de hasta dos años de cárcel. El empleador deberá, además, documentar que el trabajador tiene una casa donde vivir.

Otro de los puntos polémicos de la futura ley es el relativo a la reunificación familiar, que quedará limitada a los hijos menores y al cónyuge del inmigrante que ya viva legalmente en Italia.

La oposición manifestó su enérgico desacuerdo con la norma, que, según la ex ministra Livia Turco, coautora de la actual Ley Turco-Napolitano sobre inmigración, es 'inhumana y pretende combatir la inmigración clandestina con el alambre de espino y la cárcel'. La parte más moderada de la coalición de Gobierno, la antigua Democracia Cristiana, festejó que del proyecto de ley hayan desaparecido elementos como el que baste llegar clandestinamente para ir a prisión, o como el permiso a las fuerzas del orden de disparar contra los botes inflables utilizados por los contrabandistas.

El control de la inmigración ilegal fue una de las prioridades electorales de la Liga Norte, integrada en la coalición de Berlusconi, la Casa de las Libertades, que triunfó en las pasadas elecciones de mayo.

Violencia en Génova

Sobre los hechos de violencia en la cumbre del G-8 en Génova, la magistratura italiana abrió ayer un proceso contra Alessandro Perugini, número dos de la policía antiterrorista de Génova, acusado de delito de lesiones y abuso de autoridad tras ser filmado en vídeo mientras pateaba en la cara a un manifestante indefenso que yacía herido en el suelo. La acusación por lesiones no excluye acusaciones adicionales, según fuentes judiciales genovesas.

La imputación formal requiere la presentación de una querella criminal por parte del agredido, que todavía no ha sido identificado. Si el agredido finalmente no aparece, la Fiscalía podría presentar de oficio la querella. Perugini es el primer mando policial procesado por los incidentes de la cumbre de Génova, en la que murió un manifestante por los disparos de un policía y cientos de personas resultaron heridas.

Ayer, la comisión parlamentaria que investiga los incidentes de la cumbre decidió rechazar una solicitud de comparecencia de Berlusconi presentada por la oposición de centroizquierda. Sí comparecerán los ministros de Asuntos Exteriores, Renato Ruggiero, e Interior, Claudio Scajola.

[Por otro lado, una bomba estalló ayer en la sede del Tribunal de Venecia, en el centro histórico de la ciudad, sin causar ninguna víctima. El atentado se produjo el mismo día en que Berlusconi viajaba a Venecia en visita oficial. Por el momento, ningún grupo ha reivindicado la acción.]