Camacho entregó a La Caixa tres cheques suyos con el encargo de que no los cobrasen en varios meses

La Comisión Nacional del Mercado de Valores rechazó ayer las acusaciones de 'desidia' lanzadas por los partidos de la oposición por no darse cuenta a tiempo de que Gescartera le aportó documentos falsos durante la inspección abierta entre abril de 1999 y julio de 2000. Aquella documentación falsa sirvió para tapar un agujero de 4.000 millones de pesetas, para que la CNMV no viera el fiasco de Gescartera, para que le impusiera una sanción mínima y para que la ascendiera a agencia de valores.

En la inspección que concluyó en julio de 2000 con una sanción de 10 millones a Gescartera y su ascenso a agencia de valores, la sociedad de cartera, aportó, además de un certificado falso por 4.000 millones de pesetas, 'fotocopias de tres resguardos de ingresos, de fecha 4 de noviembre de 1999, correspondientes a tres cheques'.

Los tres sumaban también casi 4.000 millones de pesetas y, según la información facilitada por La Caixa a la Comisión, 'los citados cheques fueron depositados por el señor Camacho', quien les solicitó que no los ingresasen de momento pues 'no se podían hacer efectivos hasta que la sociedad fuese transformada en agencia de valores'. La Caixa añade que, 'a día de hoy, los citados cheques siguen obrando en nuestro poder y no se ha realizado ningún intento de cobro de los mismos'.

El 8 de noviembre de 1999, según desveló ayer este diario, Gescartera justificó el destino de 4.000 millones del dinero depositado por sus clientes con un 'extracto de la cuenta corriente 2100 2081 27 0200040673' de La Caixa, 'que ponía de manifiesto la existencia de un saldo por importe de 3.949.590.428 pesetas'. La cuenta era de la sucursal de Majadahonda (Madrid), cuyo director es Miguel Prat. Varios testigos han declarado a la juez que Prat trabajó para Gescartera, un extremo que él niega. La cuenta existía pero, según descubrió la CNMV el pasado 23 de julio, ya después de la intervención, el extracto era falso.

La CNMV descubrió esa falsedad con sólo pedir a La Caixa que verificara la validez de aquellos certificados bancarios. Fuentes oficiales de la Comisión argumentaron ayer que 'a nadie se le ocurre enviar un certificado falso porque eso es un delito' y que la medida 'extrema' de pedir su verificación 'sólo se toma en situaciones de sospecha extrema de que hay una situación fraudulenta'.