Rebelión contra la incineradora

El ejemplo de los habitantes del valle de Valdizarbe, que lograron parar el pasado mes de junio un proyecto del Gobierno navarro y el Ministerio de Justicia para construir en medio del campo una nueva cárcel para 400 reclusos amenaza con propagarse. Aquel capítulo de lucha vecinal contra un proyecto que parecía imparable y, sobre todo, la evidencia del coste social y político que tendría para UPN su construcción se ha convertido en un estandarte por los vecinos de otra zona de Navarra afectada por otro polémico proyecto, en este caso industrial. La mitad de los más de 500 habitantes de Pitillas, localidad al sur de la comunidad foral, han firmado un documento que rechaza la construcción, a menos de dos kilómetros del casco urbano, de una gran incineradora de harinas cárnicas prohibidas y otros restos animales (los MER o materiales específicos de riesgo).

La coordinadora vecinal ya ha conseguido el respaldo de la mayoría del municipio en cuyo terreno pretende levantarse la incineradora y ahora recoge firmas en localidades cercanas, como Olite, Traibuenas, Murillo el Cuende o Tafalla.

El Gobierno regionalista está empeñado en crear en Navarra una infraestructura propia para gestionar los restos animales cuyo tratamiento y eliminación ha hecho obligatoria la crisis de las vacas locas. La Mancomunidad de Pamplona y el Ejecutivo foral llegaron en junio a un acuerdo para quemar en la empresa vizcaína García Mendoza de Ortuella los 500.000 kilos de restos MER acumulados desde el inicio de la crisis, pero el Ejecutivo que preside Miguel Sanz quiere contar con hornos propios y para ello convocó un concurso público que adjudicó a la empresa Tratamientos MER, filial del matadero pamplonés La Protectora, en cuyo digestor se han venido vertiendo los cadáveres de todos los animales afectados. La idea es disponer de instalaciones propias para poder incinerar al año más de 5.000 toneladas de restos de riesgo.

El Ayuntamiento de Pitillas, integrado en exclusiva por concejales de una agrupación independiente local, apoya el proyecto al considerar que supondrá beneficios económicos para la localidad en forma de impuestos y creación de empleo.

'Si la traen aquí es porque no es rentable y creen que la población no reaccionará contra las más que previsibles afecciones de todo tipo que generará al entorno', replican Paz Azcona y Berta Anaut, dos de las portavoces de la coordinadora creada contra la incineradora.

El proyecto -unas instalaciones que sumarían un total de 5.600 metros cuadrados- ha sido declarado por el Gobierno regional como sectorial de incidencia supramunicipal, requisito administrativo indispensable para arrebatar a los ayuntamientos afectados cualquier capacidad de decisión sobre la planta.

Referéndum

Paz Azcona considera que el Ayuntamiento de Pitillas ha vendido la idea de que la planta servirá de acicate para el desarrollo industrial en una zona sin actividades terciarias, pero que, en realidad, las afecciones medioambientales y sanitarias de la incineración tendrán resultados adversos. 'Ahora no pueden ocultar que más de la mitad del pueblo se opone a la incineradora', añade, 'y deben reconocer que el verdadero motivo de traer aquí ese proyecto se debió a que pensaron que en Pitillas no habría oposición social al mismo'.

La coordinadora ha pedido al Ayuntamiento que paralice el expediente de desafección del terreno comunal donde quiere levantarse la industria y que haga una consulta vecinal. 'El Ayuntamiento se ha negado rotundamente', indica Paz Azcona, 'pero lo único que pedimos es que se conozca la verdadera opinión de los vecinos'.

El Gobierno foral ha decidido someter el expediente de la planta a un estudio de impacto ambiental por un mes, así como a los trámites de información pública y audiencia del Ayuntamiento.

Tratamientos MER, la firma adjudicataria del concurso, invertirá 300 millones de pesetas en la construcción de dos grandes hornos, uno estático, con capacidad para 700 kilos y otro rotatorio, con capacidad para 300. El Ejecutivo autónomo le garantiza una subvención anual máxima de cien millones de pesetas por su actividad.