¿Testigo o periodista?
Una profesora está encarcelada en Tejas por negarse a entregar al FBI su investigación sobre un crimen
¿Quién es periodista? Las respuestas a esa pregunta son numerosas, ocasionalmente crueles, y siempre imperfectas. Es periodista, se dice a veces, quien no puede ser otra cosa. Pero el caso de Vanessa Leggett no admite tonos jocosos. Leggett está encerrada desde el 20 de julio en una cárcel de Tejas, Estados Unidos, por negarse a entregar al FBI las notas acumuladas en los cuatro años que lleva investigando un asesinato. La juez que ordenó su encarcelamiento por desacato considera que Leggett no es periodista, a pesar de que prepara un libro sobre el caso, y por tanto ni ella ni sus fuentes de información pueden acogerse a la Primera Enmienda de la Constitución, que garantiza la libertad e independencia de la prensa.
Vanessa Leggett, de 33 años, profesora de Técnicas Literarias en la Universidad de Houston, se arriesga a pasar 18 meses en una prisión federal. 'No soy una mártir y quiero que se haga justicia; hago lo que debo para proteger el interés del público en una prensa libre', dijo en un comunicado emitido la semana pasada a través de su abogado. Todas las organizaciones de periodistas y los principales periódicos exigen que Leggett sea liberada.
El caso ha acabado planteando la pregunta de quién es periodista y quién no, pero comenzó como un asesinato sensacional. Doris Angleton fue muerta a tiros en 1997 en su residencia de River Oaks, cerca de Houston. La policía acusó del crimen a su marido, Robert Angleton, que había acumulado una fortuna con negocios de apuestas, y al hermano de éste, Roger. El marido fue absuelto y el hermano se suicidó en la cárcel, dejando una nota en la que se declaraba culpable del asesinato y afirmaba que había tratado de dirigir las sospechas hacia Robert con el fin de chantajearle.
Leggett se puso a investigar en cuanto terminó el juicio. Recorrió siete Estados y realizó cientos de entrevistas para escribir un libro. Hace unos meses, el FBI retomó el asunto y una juez, Melinda Harmon, formó un gran jurado para decidir si existían motivos (delitos fiscales, por ejemplo) que permitieran llevar de nuevo a juicio a Robert Angleton. El FBI contactó con la escritora y le ofreció dinero por la información de que disponía; ésta aceptó colaborar abiertamente y se prestó a declarar ante el gran jurado. Aportó, además, las cintas y las transcripciones de una entrevista con Roger Angleton realizada antes del suicidio, en la que éste insistía en que sólo él organizó y ejecutó el asesinato de su cuñada.
El pasado 20 de julio, durante la comparecencia de Leggett, el fiscal solicitó que la escritora cediera todo su material a los investigadores federales. Ella se negó. A petición del fiscal, la juez ordenó el encarcelamiento de Leggett por desacato al tribunal. Todo ocurrió a puerta cerrada. 'Si no se hubiera puesto previamente en contacto con nosotros, quizá nadie sabría lo ocurrido', afirma Lucy Dalglish, directora del Comité de Reporteros por la Libertad de Prensa.
El fiscal y la juez consideran que Vanessa Leggett no es periodista, porque nunca antes ha realizado trabajos en prensa, no cobra de ninguna empresa de información y carece de acreditaciones. En su opinión, es sólo un testigo rebelde.
La Primera Enmienda protege la independencia de la prensa y desde 1973 existen mecanismos para la protección del secreto profesional. La jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que un periodista carece de 'privilegios absolutos' cuando se le convoca ante un gran jurado, pero el Departamento de Justicia aplica invariablemente una norma cautelar: el encarcelamiento de un periodista por negarse a revelar su información sólo puede ser ordenado por el fiscal general de Estados Unidos, lo que eleva la decisión a las máximas instancias políticas. La última vez que eso ocurrió fue en 1991. A Leggett no se le ha aplicado esa cautela. 'Investigaba una historia con fines periodísticos y con el propósito claro de darla a conocer al público; Legget, por tanto, ejercía como periodista', afirma Lucy Dalglish. 'Lo que está en cuestión es si se puede ejercer el periodismo sin contar con el respaldo de una empresa periodística, y si los periodistas en esa situación pueden ser obligados a trabajar para el Gobierno y, por tanto, perder su independencia', dice Mike DeGeurin, el abogado de Leggett.
