Ripoll anuncia para 2002 la implantación progresiva del sistema de firma electrónica

A partir del año que viene, los ciudadanos valencianos podrán empezar a utilizar este moderno sistema de teleadministración, que permitirá la transferencia y tramitación de documentos por vía electrónica de forma confidencial y segura. Un sistema que, según fuentes del Consell, lleva consigo gran cantidad de ventajas respecto al trasiego de los documentos por las vías tradicionales mediante papel: es más rápido, más económico, más limpio, ahorra espacio de almacenamiento y evita el desplazamiento de los ciudadanos a los centros administrativos para la realización de trámites.

'El proyecto de firma electrónica pretende una comunicación fluida y sin papeles entre la Generalitat y sus ciudadanos y las empresas, potenciando para ello el uso de Internet y de herramientas avanzadas de correo electrónico y aplicando la nueva legislación que permita dar validez jurídica a dicha comunicación·', comentó el vicepresidente segundo del Consell, José Joaquín Ripoll. Éste presentó ayer el proyecto junto a la directora general de Modernización de la Generalitat, Blanca Martínez de Vallejo, y técnicos de la empresa Siemens, a la que ha sido adjudicado el estudio de implantación del sistema por 400 millones de pesetas.

El proyecto, que depende de la Oficina de Ciencia y Tecnología del Gobierno valenciano y de la Dirección General de Telecomunicaciones y Modernización, está en fase de pruebas en algunos departamentos de la Generalitat para tramitar asuntos internos. Ripoll destacó especialmente el proyecto Mastín, destinado a la generación de los expedientes administrativos de la Administración valenciana, y los ensayos que se están realizando en el ámbito de Sanidad, concretamente en el ámbito de los programas de trasplantes de órganos.

Documentación encriptada

Así, a partir del próximo año, los ciudadanos valencianos podrán, por ejemplo, recibir notificaciones del departamento tributario de la Generalitat, dar de alta el boletín eléctrico de una vivienda, enviar una instancia para solicitar una beca o solicitar ayudas económicas para la compra de una vivienda, entre otras aplicaciones. Esa documentación será transmitida vía Internet a la dirección electrónica del ciudadano, que deberá disponer para ello de su DNI electrónico, y llegará encriptada, para que no pueda ser vista por nadie más. El sistema permitirá, al mismo tiempo, que la Administración tenga constancia fehaciente de que la información ha llegado a su destinatario.

El sistema funcionará a través de unas tarjetas identificatorias y personales -el llamado DNI electrónico- y permitirá al ciudadano 'conectar directamente con la Administración con seguridad y con identidad', según Ripoll, quien afirmó que unos 30.000 usuarios podrán utilizarlo en la fase de ensayo.

Ripoll afirmó que la Generalitat dispone ya de los mecanismos tecnológicos necesarios para la implantación del sistema, que ensayan también comunidades como la catalana y la vasca y que también estudia el Ministerio del Interior. Con este proyecto, la Generalitat se convertirá en entidad certificadora, por lo que expedirá certificados digitales a los ciudadanos que permitan el proceso de validación de los documentos.

El DNI electrónico tendrá un coste de entre 1.000 y 3.000 pesetas, afirmó Ripoll, quien avanzó que la Administración buscará fórmulas para que sea gratuito para el ciudadano y llevará a cabo las inversiones necesarias para evitar la 'brecha digital' por motivos económicos o geográficos.

La seguridad y la garantía de la firma electrónica está basada en la aplicación de técnicas criptográficas, que consisten en codificar un mensaje, perfectamente legible en su forma original, de manera que nadie más que el receptor designado lo pueda entender. Estas técnicas suponen el uso de claves de cifrado y descifrado de documentos que sólo pueden conocer las personas implicadas en la transferencia de los mismos. El encriptado de los mensajes debe cumplir los principios de autenticidad (tendrá la misma validez que un documento manuscrito y no será posible la suplantación de la identidad del emisor), integridad (no alteración del documento original), cofidencialidad de la información transmitida por las partes (para garantizar que no sea accesible a terceros), y no repudio (de un documento firmado digitalmente).