Denunciado un funcionario por firmar informes contradictorios sobre El Morlaco

Apenas 15 días después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) suspendiera la decisión del pleno municipal de Málaga de revocar su orden anterior de derribar una planta del edificio Mirador de El Cerrado, construido junto al parque El Morlaco con más altura de la autorizada, y ordenara la paralización de nuevo de las obras, el denunciante de las irregularidades, Luis España, ha acusado a un funcionario municipal de emitir dos informes contradictorios sobre la polémica construcción.

En la denuncia presentada anteayer ante la Fiscalía, España denuncia Joaquín Ortiz Villalobos, adscrito al servicio municipal de Vigilancia Urbanística, de un presunto delito de falsedad en documento público. Con la denuncia se adjunta un escrito que Ortiz Villalobos firmó el 30 de octubre de 1998 en el que reconocía que el edificio, al menos en su fachada norte, levantaba cinco plantas sobre el perfil natural del terreno, cuando sólo tenía autorización para cuatro. En ese mismo escrito, se concluía además que el exceso de edificabilidad superaba los dos metros en cada uno de los tres tramos en escalera sobre los que estaba construido, cuando hasta entonces el Ayuntamiento sólo reconoció 0,5 metros.

Pero, según la denuncia, Ortiz Villalobos nunca dio traslado a este escrito, del que España asegura que ha no ha tenido conocimiento hasta ahora, y el mismo día 30 de octubre de 1998 emitió otro en el que concluía que 'el número de plantas de la edificación es coincidente con las grafiadas en el proyecto sobre el que fue concedida la licencia'.

Travesía de San Pedro

El TSJA ha ordenado la suspensión 'cautelarísima' del acuerdo del Ayuntamiento de Marbella para la expropiación forzosa de terrenos para la construcción de la circunvalación sur de San Pedro. Esta variante fue aprobada por unanimidad para dar fluidez al intenso tráfico que sufre la carretera N-340 a su paso por esta población, en tanto se acometen las obras de soterramiento. La decisión del TSJA paraliza las obras ya iniciadas, que fueron recurridas por el propietario de una de las parcelas afectadas.