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TRIBUNA

Dependencia: responsabilidades públicas y privadas

En las reflexiones sobre el futuro de una sociedad con mayor proporción de ancianos son habituales las predicciones tremendistas que cultivan una incertidumbre creciente. Abundar más en este énfasis seguramente no nos conducirá a ninguna parte. Es precisamente el análisis de cuáles son o deberían ser las respuestas individuales y sociales ante el envejecimiento y la dependencia lo que debe preocupar.

Entendemos por dependencia la incapacidad para llevar a cabo las actividades de la vida diaria de forma autónoma (comer, vestirse, ducharse, etcétera). Las formas de solucionar esta pérdida de autonomía son múltiples. La preocupación actual reside en que los cambios sociales acentúan precisamente la necesidad de organizar colectivamente lo que antes era reservado al ámbito familiar. No toda persona mayor será dependiente, pero cuando envejecemos aparece un riesgo de pérdida de autonomía que debemos contemplar y tratar de cubrir. Este riesgo ha existido siempre, pero su magnitud ha cambiado, fruto de la longevidad.

'No podemos dejar totalmente al mercado ni al Estado el problema de la dependencia'

- Público y privado. El sector público ha desarrollado una red de residencias, ha establecido ayudas domiciliarias y asimismo contrata con el sector privado. La magnitud precisa del gasto público en este ámbito resulta difícil de conocer con precisión en la medida en que se halla repartido en distintos organismos. El sector privado, por su parte, ha desarrollado múltiples iniciativas empresariales para la atención residencial y domiciliaria.

Cerca del 75% de las plazas residenciales son en la actualidad privadas y una quinta parte de las residencias privadas tiene algún tipo de concierto con la Administración pública. Los expertos coinciden en señalar que se trata de un sector atomizado, con una dimensión inadecuada para aprovechar las economías de escala, y en el que se producirá una necesaria reconversión. Además, el problema no es tan sólo de tamaño óptimo, sino también de calidad, lo que resulta mucho más complejo de resolver. Nos encontramos, de hecho, ante un sector que requiere una profunda regulación de la calidad en la medida en que el consumidor no dispone de información y los mecanismos competitivos por sí solos no consiguen el nivel adecuado de calidad.

Existen, pues, múltiples iniciativas públicas y privadas para atender a la dependencia. Pero conviene resaltar dos cuestiones: son, y serán cada vez más, insuficientes y requieren una reforma. Ante toda necesidad humana colectiva aparece efectivamente una demanda que la oferta intenta satisfacer. Sin embargo, la forma como se ha estructurado el dispositivo de atención a la dependencia responde a una suma de iniciativas espontáneas, sin, a nuestro entender, un marco regulatorio adecuado.

- Financiación de la dependencia. En la medida en que tenemos un riesgo de ser dependientes en una edad avanzada, un ciudadano que atendiera a criterios de racionalidad económica desearía tener una cobertura aseguradora. Por otra parte, no podemos confiar en nuestros ahorros para resolver la dependencia, porque el coste resultaría excesivo. Así, por ejemplo, la estimación realizada por el American Council of Life Insurers señalaba que se necesita un ahorro anual de 3.557 dólares (unas 670.000 pesetas) desde los 45 años para acumular una financiación que cubriera los costes asociados con la dependencia, mientras que una prima de seguro para una prestación equivalente anual implicaría tan sólo 417 dólares (80.000 pesetas).

Mientras que todos necesitaremos de una pensión para nuestra jubilación, no todos incurriremos en gastos por atención a la dependencia. Estamos, por tanto, ante un problema de seguro, y no de ahorro. No podemos, en consecuencia, considerar el problema de la financiación de la dependencia como una extensión del problema de las pensiones, ya que se trata de dos hechos de naturaleza distinta. Si se trata de un problema de seguro, ¿hay motivos para dejar que el mercado resuelva esta necesidad? ¿O, por otra parte, es un seguro social la solución?

Lo que sabemos es que, pese a que hay una experiencia dilatada en aseguramiento de la dependencia en algunos mercados, el volumen de contratación resulta insignificante. Por ejemplo, menos del 6% de la población estadounidense dispone de una póliza de seguro de dependencia privada, la edad media de los asegurados es de 67 años y sólo un tercio de los asegurados tiene menos de 65 años. ¿Por qué? Algunos argumentos trazados por la literatura económica son los siguientes: 1) los individuos conocen mejor sus características que la aseguradora y aprovechan estas ventajas informativas a su favor en el momento de la contratación; 2) deseo de dejar una herencia, porque motiva la atención de familiares y evita su institucionalización, y 3) desplazamiento del seguro privado por la asistencia sanitaria pública. En cualquier caso, la percepción del riesgo como lejano es lo que disuade la contratación.

Sabemos también qué sucede en determinados entornos cuando el Estado diseña un mecanismo de seguro social para cubrir la dependencia. El caso alemán es paradigmático. En el año 1995 empieza la cobertura efectiva mediante un seguro de dependencia de la Seguridad Social que supone una contribución del 1,7% del salario. Cinco años después, el sistema se encuentra con déficit, los gastos por atención a la dependencia son superiores a los ingresos. Y lo que es más preocupante, el debate se traslada a cómo un aumento de las contribuciones para resolver este déficit dañaría seriamente la competitividad.

En resumen, no podemos dejar totalmente al mercado ni al Estado el problema de la dependencia. Conviene establecer mecanismos que impliquen responsabilidad individual y familiar, y al mismo tiempo intervención del Gobierno.

Antes de establecer cualquier propuesta de futuro es conveniente fijar los criterios. Y fundamentalmente acaban siendo dos: eficiencia y equidad. Necesitamos que exista eficiencia en la cobertura del riesgo y en la prestación del servicio, y deseamos que los ciudadanos tengan la misma oportunidad de acceso ante la misma necesidad.

En la medida en que todos los ciudadanos accedieran a una cobertura universal para todo tipo de dependencia, similar a la existente para la sanidad, reproduciríamos los problemas del sistema sanitario que amenazan su sostenibilidad: burocratismo (falta de elección) e ineficiencia por exceso de consumo.

En definitiva, necesitamos un sistema que facilite una amplia cobertura, pero que al tiempo incorpore la responsabilidad individual en la financiación. En este terreno resulta posible establecer mecanismos como cheques o vales que supongan un incentivo a la contratación privada de seguros de dependencia. Esto implica financiación pública parcial, pero nuestra propuesta permitiría que se destinase de forma inversamente proporcional al nivel de renta, sin sustituir totalmente la financiación privada.

Para que esto sea efectivo es fundamental una revisión de cuál es el papel del Estado. La función reguladora es la clave. Es necesario regular la calidad, el acceso y el nivel de competencia necesario en el sector. Y al mismo tiempo es conveniente una profunda reforma de los dispositivos de provisión públicos para adecuarlos a una realidad con dos niveles diferentes: el de la cobertura del riesgo y el de la provisión.

La capacidad de la sociedad y de las instituciones para afrontar los grandes retos necesita demostrarse en estos momentos ante la realidad del envejecimiento y la dependencia. No dilatemos la solución, pero tampoco nos precipitemos con una salida fácil que lleve a un callejón.

Pere Ibern y G. López-Casasnovas, de la Universitat Pompeu Fabra.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 31 de julio de 2001