El Gobierno pedirá en su mandato de la UE apoyo a las ONG para 'aislar a los violentos'
Numerosas citas internacionales atraerán al movimiento antiglobalización a España en 2002
Más de 60 reuniones internacionales, entre seminarios, foros regionales, consejos informales, cumbres trasatlánticas y consejos europeos se celebrarán en los cuatro puntos de la geografía española entre enero y julio de 2002. Pero cinco de ellas concentran las preocupaciones del Gabinete, porque su relevancia es la adecuada para atraer a un movimiento antiglobalización que ha tomado este tipo de evento como centro de sus manifestaciones, con la excrecencia lamentable de unos comandos de guerrilla urbana que nadie piensa que vayan a desaparecer fácilmente.
Inaugura este calendario de riesgo la cumbre de primavera de los jefes de Gobierno de los Quince, en Barcelona, el 15 y 16 de marzo; el Consejo de Ministros de Economía y Finanzas (ECOFIN), menos espectacular pero susceptible de concentrar protestas por su contenido, se reunirá en Oviedo, entre el 12 y 14 de abril; diez días más tarde, en Valencia, será el turno de la Conferencia Euromediterránea; para el 17 y 18 de mayo está convocada en Madrid la cumbre de la UE con Latinoamérica y el Caribe, que concentrará a 50 jefes de Estado o de Gobierno; por último, el 21 y 22 de junio volverá a reunirse, en Sevilla, el Consejo Europeo.
Una llamada Unidad de Apoyo, integrada por un director general y seis vocales asesores, organiza desde la Presidencia del Gobierno estos eventos principales y otra media docena de reuniones más. La Unidad administra un presupuesto de 8.000 millones de pesetas para financiar alquileres de sedes y obras de acondicionamiento, desplazamientos, las comunicaciones de las delegaciones y de la prensa, e incluso su manutención y el alojamiento del jefe de cada delegación y de dos colaboradores. Pero el presupuesto de seguridad, que se prevé sustancioso, va aparte. Será financiado directamente por el Ministerio del Interior, que, debido a esa circunstancia, requerirá fondos adicionales para el próximo año.
España puso gran insistencia el pasado mes de diciembre en Niza en conservar las sedes de toda las reuniones correspondientes a su semestre europeo, a pesar de que el Consejo reunido en aquella localidad francesa decidió terminar con el hábito de la itinerancia y otorgar de modo permanente a Bélgica la organización de al menos dos de las cuatro cumbres anuales de la UE. En aquel momento, una reunión europea era sin duda la ocasión perfecta para el desarrollo de una ciudad, pero con el estallido de la violencia, las cumbres han empezado a ser un regalo envenenado.
Los organizadores del semestre español confían, de hecho, en que los excesos de Gotemburgo y Génova hayan tenido que ver con el protagonismo que tuvo en ambas reuniones el presidente de Estados Unidos, George Bush, y que durante el semestre español las aguas vuelvan al cauce normal europeo, tradicionalmente más tranquilo.
No está previsto que los jefes de Estado y de Gobierno asistentes a las cumbres españolas se alojen en bases ni otras instalaciones militares, como ocurrió en Génova, sino en hoteles. En Barcelona, en los que hay al final de la Diagonal, ya que las reuniones se celebrarán en el Palacio de Congresos vecino; en Valencia, la sede será el nuevo Museo de las Artes y las Ciencias y los hoteles tampoco están lejos; en Madrid, la cumbre latinoamericana se celebrará en el Palacio Municipal de Congresos, junto al Parque Juan Carlos I, mientras los alojamientos se encuentran en el eje de la Castellana; la sede sevillana será el Palacio de Congresos, también hacia las afueras, pero los hoteles serán los del centro. En Oviedo, todavía se busca sede.
'Existe una preocupación razonable. Interior está evaluando la situación y ha nombrado un coordinador para temas de la presidencia europea que trata también con las autoridades autonómicas cuando es necesario', indica una fuente del Gobierno.
La misma fuente reconoce que las policías europeas, incluida la española en los sucesos de Barcelona del pasado junio, han dado muestras de inexperiencia para afrontar este tipo de conflictos callejeros, muy infrecuentes en los últimos 20 años. El 13 de julio se celebró en Bruselas un Consejo de Justicia e Interior orientado precisamente a remediar esos fallos.
Con esas informaciones, se pondrá en marcha la medida preventiva más básica: la reintroducción temporal de los controles en las fronteras interiores, que suspende el derecho de libre circulación sancionado por los acuerdos de Schengen y permite impedir la entrada de sujetos sospechosos.
'En este asunto, el riesgo de cualquier actuación contundente es que enseguida se acusa al Gobierno de vulnerar la libertad de manifestación, que nadie pone en duda', afirma una fuente gubernamental. De ahí, la reiterada voluntad de recurrir al diálogo y la esperanza de que las ONG cooperen con las autoridades para marginar a los violentos. Se estudian iniciativas, pero todavía no hay nada concreto. El ministro de Exteriores, Josep Piqué, ha puesto algún límite al desarrollo de ese diálogo, al afirmar que la representatividad del movimiento antiglobalización no es nunca comparable con la de un Gobierno electo.
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