Analizando un analizador
No es frecuente que un rector se siente en el banquillo de los acusados. Hasta donde alcanza mi memoria, los dos únicos casos conocidos se han dado en los últimos meses, el del antiguo rector de la Universidad Complutense y el del actual rector de la Rovira i Virgili, procesado por el juzgado de lo Penal de Tarragona y absuelto al comprobarse que en su conducta no había ilegalidad penal, sino sólo administrativa. Y, aunque comparto el deseo del rector y de la Generalitat de no magnificar el asunto evitando su instrumentalización, tampoco debemos banalizarlo. Pues quienes han instrumentalizado el caso transformándolo en un ataque contra Cataluña y olvidando que (como recordaba el fiscal), 'no se juzgaba ni a la universidad ni al catalán', sino sólo un asunto de derechos fundamentales lingüísticos, son los mismos que ahora denuncian su instrumentalización.
Lo que el tribunal levanta durante el proceso muestra un cúmulo de problemas que hacen del asunto lo que los sociólogos llamamos un 'analizador': un tema sin excesiva importancia, pero que pone de manifiesto una situación que sí la tiene. Cierto que el rector 'actuó de buena fe' cumpliendo una normativa aprobada por el Parlamento catalán y, según la cual, sólo se darían exámenes en castellano en caso de que la dificultad de comprensión del alumno no pudiera subsanarse consultando a un profesor y con permiso del presidente del tribunal, medida amedrentadora que fue declarada inconstitucional por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por discriminar esta lengua. Pero no cabe duda 'de la existencia de despropósitos administrativos', dice la sentencia, y la exclusión de profesora de las pruebas el año siguiente fue, además, 'ilegal'. Y, sobre todo, tres conclusiones.
Primera, no se entiende cómo las autoridades consideraron ajustada a derecho una norma que viola el artículo 3.1 de la Constitución y la propia ley de normalización lingüística, que establece que en las universidades catalanas profesores y alumnos 'tienen derecho a expresarse... en la lengua oficial que prefieran'. En los acusados, dice la sentencia, 'no había intención deliberada de perjuicio', pero el reglamento era 'manifiestamente injusto y antijurídico'. No es poca cosa. Y que pueda ser considerado normal, democrático y de 'buena fe' imponer un proceder manifiestamente injusto y antijurídico es algo políticamente anormal y que llama la atención.
Segunda. Es cierto que, como señalaba el consejero de Universidades de la Generalitat, 'si hay alguna lengua en situación de inferioridad, es el catalán'. Pero ¿de qué inferioridad estamos hablando? Si se trata de inferioridad fáctica, numérica, es evidente; el castellano no necesita protección y el catalán sí, y a la Generalitat le amparan en esa tarea de promoción la Constitución y no pocos españoles (entre los que me cuento). Pero si hablamos de protección jurídica de las lenguas, los datos que exhibe el caso son contundentes: lo que está en inferioridad legal en Cataluña es el uso del castellano, y eso, en una comunidad donde no menos del 50% tiene esa lengua como materna, carece de sentido.
La tercera. Lo más significativo políticamente es que nadie ha prestado su apoyo a quien, a todas luces, tenía la razón desde el principio: la profesora de la Universidad. No lo ha hecho el Partido Socialista de Cataluña, que más bien estaba del lado del despropósito que, en este caso además, era el del poder. No lo ha hecho el Partido Popular, que ha preferido mirar hacia otro lado. Sólo la prensa, tímidamente, le ha dado al tema cierta relevancia. Es más, la profesora sancionada ha sufrido un verdadero linchamiento moral lanzado desde el nacionalismo, con el apoyo de los rectores catalanistas y visto con comprensión (si no alentado) desde la propia Generalitat. Y todo ello por el terrible delito de acudir a los tribunales en defensa propia. Y, sin embargo, la sentencia reconoce que 'fue ella quien garantizó los derechos fundamentales de los estudiantes'; no el rector, ni la Generalitat. Sólo ella y los tribunales. No es razonable que pleitear contra el nacionalismo sea, también en Cataluña, un acto de heroicidad. Esta desprotección política, que no jurídica, debería hacer meditar al catalanismo, de uno u otro signo.
Mientras tanto, seguiremos el debate, pero, por favor, señor senador Varela, sin insultar y con buen seny.
