Nuevo estilo

Todavía queda mucho camino por recorrer, pero da la impresión que el estilo Zapatero de hacer política está empezando a calar en el sistema político español. En un año al frente de la secretaría general ha conseguido que cambie el clima político que venía presidiendo la vida del país en general y las relaciones entre el Gobierno y el principal partido de la oposición en particular desde hacía casi una década. La política está dejando de consistir en la identificación del adversario como un enemigo al que hay que destruir por cualquier medio, para pasar a ser el lugar de enfrentamiento entre proyectos políticos y personales que comparten las mismas reglas de juego. En política no puede valer todo, ni siquiera cuando se está en la oposición. Es algo que no se veía en España desde hacía mucho tiempo, ni en la política estatal ni en la autonómica. Ni cuando se estaba en campaña electoral ni cuando no se estaba.

Fruto de ese estilo es la normalidad con que se están empezando a producir y a ser recibidos por la opinión pública pactos en asuntos de Estado, que no pueden ser resueltos únicamente por el Gobierno, por muy absoluta que sea su mayoría parlamentaria, sino que solamente pueden serlo mediante el concurso de los distintos partidos con representación parlamentaria. A pesar de que la machacona insistencia del secretario general socialista de pactar asuntos de Estado fue recibida inicialmente con notable displicencia por destacados miembros del Gobierno, ha ido siendo aceptada en la práctica, primero en materia de lucha antiterrorista, después en materia de justicia y, en este fin de semana, en materia de financiación autonómica.

Este último es de singular importancia para el Estado en general y para la comunidad autónoma de Andalucía en particular. La financiación era, por decirlo de una manera coloquial, la asignatura pendiente del Estado autonómico. Desde la entrada en vigor de la Constitución, mediante los Pactos Autonómicos de 1981 y 1992, se había ido desarrollando el Título VIII de la Constitución y se había transformado en un plazo muy breve y de manera razonablemente satisfactoria uno de los Estados más centralizados del mundo en uno de los más descentralizados. Ni desde el punto de vista de las instituciones de las comunidades autónomas, ni desde la perspectiva competencial, quedaban problemas importantes por resolver. Únicamente la financiación continuaba siendo un problema del Estado autonómico.

El problema se había envenenado al hacer depender el sistema de financiación de los resultados de las elecciones generales y de la formación de la mayoría parlamentaria que garantizaba la investidura del presidente del Gobierno. En 1993 Felipe González y en 1996 José María Aznar tuvieron que negociar su investidura como presidentes con CiU y en ambos casos la financiación autonómica se presentó ante la opinión pública como la moneda de cambio en dicha negociación.

Para Andalucía el problema revestía especial gravedad, porque el modelo de financiación aprobado para el quinquenio 1996-2001 era inaceptable en la forma y en el fondo. Se le presentó como un trágala al que tenía que adherirse sin poder tocar una coma. Y se tomaba como base un censo de población de finales de la década del ochenta, que reducía la población andaluza a efectos de financiación en casi 450.000 personas. En tales circunstancias, resultaba imposible sumarse al modelo.

Andalucía era, en realidad, casi la única comunidad autónoma para la que el modelo de financiación del quinquenio 1996-2001 era un quebradero de cabeza, ya que era la que más afectada se veía por el no reconocimiento del censo y era además una comunidad del artículo 151 de la Constitución, que tenía el techo competencial más alto de todos los constitucionalmente posibles. A ninguna de las otras dos comunidades autónomas dirigidas por el PSOE en el momento de la entrada en vigor del modelo, Extremadura y Castilla la Mancha, se les planteaba un problema de financiación como el que se le planteaba a Andalucía. Ni se veían tan perjudicadas por el no reconocimiento del censo ni su nivel competencial las ponía en una situación insostenible. Por eso, aunque las tres comunidades han recurrido ante el Tribunal Constitucional el modelo de financiación, el enfrentamiento por parte del Gobierno central se ha producido básicamente con Andalucía.

Afortunadamente, las cosas en este terreno han cambiado y lo que parecía un enfrentamiento sin salida ha dado paso a un acuerdo político aprobado por unanimidad por todas las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Es una lástima que este cambio de clima no llegara a tiempo en el terreno de la emigración. El coste que la ruptura del pacto que se fraguó al final de la pasada legislatura en torno a la ley de emigración no solamente está siendo muy alto, sino que cada vez a más. La soberbia con que el anterior ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, abordó el problema nos ha puesto en una posición muy difícil. No sólo no se ha reducido el efecto llamada, que Mayor Oreja atribuyó a la antigua ley, sino que además se ha perdido la ocasión de diseñar una política inmigratoria coherente, que nos preparara como país para hacer frente a un problema que en unos años tendrá una dimensión todavía mayor. De paso se ha contribuido a desprestigiar a una institución como el Defensor del Pueblo y se está empezando a hacer intervenir de manera jurídicamente muy discutible al, por otras muchas razones, muy discutible fiscal general del Estado, cuya última circular ha sido cuestionada en su adecuación a la Constitución por jueces y fiscales. Esperemos que no se produzca un empecinamiento en el error y que se entienda que de sabios es rectificar. Son muchos los dramas humanos que se pueden evitar y mucha la tarea pedagógica que se puede hacer antes de que el racismo y la xenofobia empiecen a asentarse en nuestro país. Este es un terreno en el que nunca es tarde para corregir el rumbo.