Los 'okupas' atribuyen a García-Valdecasas 550 detenciones entre los colectivos sociales

Los okupas convocaron ayer a la prensa en el interior de la llamada Kasa de la Muntanya, donde el pasado día 17 entró la policía y detuvo a 14 personas. Los hechos provocaron una batalla campal en el barrio de Gràcia entre un grupo de manifestantes y la policía que finalizó con otras cinco detenciones. Un manifestante perdió un ojo por el impacto de una pelota de goma disparada a poca distancia por la policía.

Todos los detenidos salieron en libertad al día siguiente, pese a que el fiscal les acusaba de atentado contra la autoridad, desórdenes públicos, daños y lesiones, y solicitó para ellos el ingreso en prisión. La fiscalía ha recurrido ahora contra esa orden de libertad acordada por la juez Roser Aixandri.

La policía aseguró que en esa acción policial entró en la Kasa de la Muntanya porque se estaba cometiendo un flagrante delito, ya que los okupas lanzaron todo tipo de objetos a los antidisturbios y había que detenerlos. Al salir de la casa la policía pidió una orden de registro al juez de guardia, que fue denegada horas después, pero los okupas aseguran que la policía se llevó disquetes informáticos, dinero y documentos de la Asociación de Amigos del Reciclaje, que tiene su sede social en ese inmueble.

El movimiento okupa considera que la entrada de la policía en la casa fue ilegal y por ese motivo están preparando una querella contra la delegada del Gobierno, a la que se acusará de un delito de prevaricación. El artículo 404 del Código Penal, en el que se basará la querella, castiga con penas de inhabilitación de entre 7 y 10 años a 'la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de la injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo'.

Brigada de Información Los okupas consideran que la acción policial de la Kasa de la Muntanya forma parte de esa estrategia de 'criminalización' de los movimientos alternativos desarrollada por García-Valdecasas desde que el PP llegó al Gobierno, en 1996. Por ese motivo, exigieron su dimisión y la disolución del Grupo Sexto de la Brigada de Información de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña. Este movimiento considera igualmente que los periodistas forman parte de lo que denominan 'montaje policial, judicial y mediático' contra los grupos alternativos. El informe de los okupas relata 85 acciones de diferentes cuerpos policiales desde 1996 para avalar sus críticas, empezando por el desalojo del cine Princesa.

Un portavoz de la Delegación del Gobierno de Cataluña insistió ayer en defender el informe policial y mostró su preocupación por el hecho de que las críticas sobre la actuación policial se concentren de forma reiterada en García-Valdecasas.

La Junta del Colegio de Abogados de Barcelona se quejó ayer ante la delegada del Gobierno por unas palabras pronunciadas por García-Valdecasas hace unos días, según las cuales algunos de los abogados que redactaron la querella contra ella por la carga policial en la marcha antiglobalización del pasado 24 de junio defienden a procesados por colaborar con el comando Barcelona de ETA. El colegio considera que con estas palabras se pretendía desacreditar a los abogados firmantes de la querella, pero la Delegación del Gobierno afirmó ayer que se interpretaron mal las palabras de la delegada.