Rajoy quiere expulsar a los extranjeros detenidos tras descubrir que algunos tienen hasta 100 arrestos

El ministro recordó la alarma social que causó el mes pasado la detención de un ciudadano moldavo como presunto autor del asesinato de un abogado en un chalé del barrio residencial de Pozuelo, en Madrid. El extranjero tenía siete antecedentes por robo con violencia y hurto. La policía de Toledo le había abierto dos años antes un expediente de expulsión que no pudo ejecutarse precisamente porque antes debían celebrarse los juicios que tenía pendientes. El viernes, Rajoy intentó hacer ver que el del moldavo no era un caso aislado, sino parte de una situación extendida a la que hay que poner remedio.

Varios abogados consultados por EL PAÍS convienen en que, desde el punto de vista legal, la iniciativa del ministro es posible. De hecho, existe un precedente: a principios de los años noventa, el entonces fiscal general del Estado, Eligio Hernández, envió a los fiscales una circular en la que les recomendaba que cuando se abriese una instrucción a un extranjero por un delito cuya pena fuese inferior a seis años, solicitaran su expulsión en lugar de la continuación del procedimiento penal. Las mismas fuentes precisan que, aunque la decisión final dependerá del juez, la opinión del fiscal tiene un peso considerable.

El problema de esta solución es que, cuando menos, cuestiona el principio de presunción de inocencia del acusado. Es más, lo sustituye por un principio de presunción de culpabilidad. Además, choca con los derechos de las víctimas, que pueden aspirar a alguna restitución o indemnización.

Diego Lorente, abogado y portavoz de la ONG SOS Racismo, explica que 'ésta no es una cuestión que ataña a la Ley de Extranjería, sino a la legislación penal. La Ley de Enjuiciamiento Civil estipula que quien cometa un delito en España debe ser juzgado aquí'. Y recuerda que el artículo 57 de la Ley de Extranjería prevé además la expulsión de los delincuentes extranjeros cuando hayan cumplido su condena. 'Esto vulnera el principio non bis in idem, que establece que nadie puede ser castigado con dos sanciones diferentes por un mismo delito'.

Desde un punto de vista social, la decisión de Rajoy es más vulnerable. Lorente admite que entre los extrajeros en situación irregular se ha corrido la noticia de que si cometen un delito no pueden ser expulsados inmidiatamente, y que algunos de ellos pueden haber caído en esa práctica. Pero precisa: 'El problema de que queden en libertad una y otra vez es achacable a la lentitud de la Justicia y a que los centros de internamiento están al completo, llenos de gente que sólo ha cometido la falta administrativa de residir en España sin tener los papeles en regla'. Y denuncia que muchas veces, en lugar de sancionar los pequeños delitos que cometen inmigrantes, la policía les abre expedientes de expulsión. 'No digo que sea una práctica habitual, pero sí que suele hacerse', precisa.

Tanto Lorente como Cunsuelo Rumí y Susana López, responsables de inmigración en el PSOE y en Izquierda Unida, respectivamente, y Mustafa El Mirabet, portavoz de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España (ATIME), coinciden en que 'el Gobierno está aprovechando este asunto para asociar inmigración y delincuencia'.

'Desde que ganó las elecciones, este Gobierno se propuso trasladar una imagen negativa de la inmigración. Es una pedagogía política inversa que se utiliza para criminalizar a los inmigrantes', afirma Rumí. Susana López subraya que 'no tiene lógica jurídica mezclar la falta administrativa que supone estar en España sin papeles con la delincuencia'. Además, considera 'irresponsable' el llamamiento del ministro: 'Lo que propone provocaría un efecto llamada de la delincuencia. Seríamos un país en el que si alguien desvalijara un chalé y lo atraparan, todo lo que le podría pasar sería que lo expulsaran'. El portavoz de ATIME admite que '134 detenciones claman al cielo', pero señala que 'el problema está en meter a todos los inmigrantes que hayan sido detenidos alguna vez en el mismo saco. El ordenamiento jurídico español afirma que debe ser una setencia la que determine la culpabilidad del individuo. ¡Seamos consecuentes con el Estado de derecho!'.