El Gobierno propone recolocar a la mitad de la plantilla de Sintel en empresas del sector

Desde mayo, la empresa se encuentra en situación de quiebra, y de los 1.800 trabajadores que tiene en plantilla (llevan 11 meses sin cobrar sus nóminas), 700 están afectados por un expediente de extinción de contratos ya aprobado por Trabajo. Los restantes 1.100 están incluidos en otro expediente en estudio.

Los sindicatos CC OO y UGT deberán contestar antes de final de este mes de julio al plan, que, a juicio del Gobierno, supone 'una salida de futuro y la mejor solución' para una empresa que ha perdido el tren del futuro al estar en quiebra desde el pasado mes de mayo, con un déficit patrimonial superior a los 21.000 millones de pesetas y las instalaciones, cerradas y fuera del mercado. En principio, los sindicatos aceptan la propuesta, pero todavía deben consultarlo con el comité de empresa, que había exigido la colocación de los 1.800 trabajadores.

La propuesta del Gobierno cuenta con el visto bueno de Telefónica, empresa dueña de Sintel hasta 1996, cuando la vendió al empresario estadounidense Jorge Mas Canosa, y que indirectamente daría ahora trabajo mediante subcontratas. Desde 1996, la compañía acentuó su crisis hasta llegar a la actual situación de quiebra, presentada en mayo.

Telefónica, que no ha querido tener ningún protagonismo tras el estallido de la crisis y que ha considerado a Sintel como uno de sus muchos proveedores, ha estado al tanto de las negociaciones. La compañía colaborará a recolocar a la parte de plantilla que establece el plan diseñado por el Gobierno. La idea es pedir trabajo a las empresas que ahora hacen los proyectos que hacía Sintel y en ese paquete solicitarles que recoloquen a un grupo de empleados de Sintel. Ello no significa que Telefónica vaya a contratar a empleados de Sintel.

Ramón Górriz, que ha representado a CC OO en la media docena de reuniones formales que han mantenido Ciencia y Tecnología y los sindicatos, señalaba ayer: 'La propuesta es valorable y puede ser una vía de futuro para la compañía'. Górriz considera que tanto la Administración como Telefónica han hecho un esfuerzo, aunque considera que los trabajadores deben dar su última respuesta. Para Toni Ferrer, de UGT, la solucion pasa por la recolocación de la plantilla.

Serán CC OO y UGT los que tendrán que convencer al comité para que acepte una salida negociada. Tanto la Administración como los sindicatos y Telefónica coinciden en un punto: si no se acepta una salida negociada, la única vía será la liquidación de la empresa. De hecho, el depositario y el comisario de la quiebra ha realizado varias ocupaciones de locales de la compañía dentro del proceso jurídico que se sigue. Además de la búsqueda de empleo de la Administración, como acreedor mayoritario dentro de la quiebra está apoyando los acuerdos para que los fondos líquidos que puedan obtenerse por el procedimiento de concurso reviertan en los trabajadores. Otra ayuda pública será la del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) para el rápido cobro de los salarios.

Vicente Martínez Pujalte, portavoz del PP en el Congreso, dijo ayer que la propuesta llega en un buen momento y que es fruto de la iniciativa parlamentaria de su grupo. Ahora falta el visto bueno del comité intercentros de Sintel, que ha pilotado una de las luchas sindicales más enconadas de los últimos años en España. Fuentes del comité señalaron ayer que en principio este plan no cubre sus expectativas, aunque se reservan su opinión hasta conocer los detalles del mismo.

La titularidad de las acciones de Sintel las tiene Carlos Gila desde el pasado mes de febrero, cuando las compró a Mas Canosa. Gila abandonó la gestión de la empresa el pasado mes mayo al al no poder evitar la quiebra por no sacar adelante un plan de viabilidad en la que pedia apoyo a Telefónica y al Gobierno.