Fomento dice que Iberia le 'obligó' a intervenir al alegar falta de seguridad

El ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, ofreció ayer al presidente del Consejo Económico y Social, Federico Durán, la total colaboración de la Administración para disponer de cuantos datos precise para dictar el laudo que ha terminado con el conflicto de Iberia. Ese laudo, al que según todas las fuentes consultadas, el propio ministro no vio nunca con buenos ojos, se dictará el jueves, el último día de plazo, según manifestó ayer el propio Durán, que reunió, por separado, a los pilotos y la dirección de Iberia.

El laudo fue impuesto el viernes por el Consejo de Ministros tras el caos que supuso la suspensión temporal de todos los vuelos por decisión de Iberia y su posterior anulación. Iberia alegó motivos de seguridad por la dimisión de 99 pilotos de la división de operaciones. La paralización -desde las 00.00 hasta las 5.25 del viernes- provocó la intervención del Gobierno, algo que la compañía llevaba días buscando y que encontraba resistencia entre algunos miembros del Ejecutivo.

Entre ellos, el propio Álvarez-Cascos, que ayer reconoció en Aguadulce (Almería) que Iberia 'obligó' al ministerio a pronunciarse sobre el conflicto puesto que había invocado problemas de seguridad en el tráfico áereo que es responsabilidad de Fomento. El ministro afirmó que Iberia añadió el jueves 'un elemento nuevo' al conflicto laboral al alegar esos problemas de seguridad.

Fomento ha reconocido que el presidente de Iberia, Xabier de Irala, se puso en contacto con el ministro el jueves por la mañana -la suspensión de los vuelos se anuncia a las 21.00 de ese día- y afirma que en todo momento trató de convencer al presidente de la compañía de que desistiera de su actitud. Fuentes de Fomento subrayaron ayer que Cascos e Irala no hablaron entonces de problemas de seguridad. Hasta que la suspensión fue oficial, Fomento había mostrado su negativa a intervenir. Y algunas fuentes afirman que el ministerio pensaba intervenir, pero a primeros de agosto cuando los perjuicios para la economía del país y la imposibilidad de que las partes llegasen a un acuerdo fuera más que evidente para que el Gobierno pudiera acogerse legalmente a su intervención en una huelga.

Más proclive a la intervención era el ministro de Economía, Rodrigo Rato. En un curso de la Universidad Marqués de Santillana, en Guadalajara, Rato dijo ayer que el conflicto, de haber continuado, 'habría dañado seriamente los intereses generales'. Añadió que la coordinación y capacidad de interlocución del Gobierno ha contribuido 'determinantemente' a la solución.

Según las fuentes consultadas, Rato tuvo una actuación, también determinante, durante las horas en las que Iberia mantuvo paralizada toda su flota. El ministro, como otros miembros del Gobierno, sabía al menos desde las 17.00 del jueves la decisión tomada por Iberia. Irala ya la había comentado como posibilidad a otros miembros del Gobierno días atrás. El conflicto de Iberia llevó ayer al ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, a pedir públicamente una reflexión sobre el ejercicio de la huelga en servicios estratégicos.

El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, acusó ayer a Cascos de permitir que Iberia 'convierta a los clientes en rehenes de la huelga de pilotos'. El secretario general de CC OO, José María Fidalgo, afirmó que la compañía, suspendiendo los vuelos, buscaba la intervención del Gobierno. 'Y ha forzado un arbitraje que, digan lo que digan, ha puesto fin al conflicto'.