El Gobierno impondrá un árbitro para resolver el conflicto de Iberia

El Gobierno ha decidido intervenir en el conflicto que enfrenta a la dirección de Iberia y a los pilotos de la compañía, horas después del caos que se vivió en los aeropuertos por la suspensión de vuelos emprendida por la compañía. El Consejo de Ministros aprobó ayer el establecimiento de un arbitraje obligatorio que dictará una resolución definitiva y de acatamiento forzoso para ambas partes en pugna.

El acuerdo del Ministerio de Trabajo dio a las partes un plazo de 24 horas (hasta las 13.30 horas de hoy) para que se pongan de acuerdo en el nombramiento de un árbitro. Sin embargo, ante las diferencias entre las partes, será el Ministerio de Fomento el encargado de designarlo. La persona elegida, cuyo nombre está previsto que se haga público hoy, contará con un plazo máximo de cuatro días, que vence el próximo miércoles, para dictar el laudo de cumplimiento obligatorio.

La orden del Ministerio de Trabajo dictando el arbitraje también se fundamenta en que el conflicto podía dificultar el funcionamiento de los aeropuertos, dañar la imagen internacional de España y perjudicar a sectores económicos claves como el turismo. El Ejecutivo también ha justificado la imposición de esta medida excepcional, que se no se adoptaba desde 1992, en que la suspensión temporal de los vuelos de Iberia ha agravado "una situación que ha puesto en peligro el movimiento ordenado de mercancías y personas, ocasionando un grave perjuicio a la economía nacional".

El presidente del Gobierno, José María Aznar, asumió como "necesaria" la medida porque "no es aceptable que se puedan producir perjuicios graves, bien para el interés general del país, bien para los ciudadanos, en defensa de unos intereses legítimos, pero que no guardan una proporcionalidad, en ningún caso, con el grave deterioro que pueden provocar".

El sindicato de pilotos SEPLA anunció que acatará la decisión final que adopte el mediador, aunque recurrirá judicialmente el acuerdo del Consejo de Ministros en el que se impone el arbitraje obligatorio, por considerar que vulnera el derecho a la huelga. El jefe del sindicato, Jaime Lacasa, aclaró que no desconvocará la huelga prevista para el próximo martes, día 17, único paro que se podría producir antes de que se dicte el laudo.

El titular de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, ha citado a los representantes del SEPLA y de la dirección de Iberia a las 14.00 de hoy, para comunicarles su decisión sobre el arbitraje y, seguramente, el nombre del mediador elegido. Entre los nombres que se barajan en fuentes de la Administración figuran Miguel Rodríguez-Piñero y Álvaro Rodríguez Bereijo (ambos ex presidentes del Tribunal Constitucional), Federico Durán, presidente del Consejo Económico y Social (CES) y Juan Antonio Sagardoy.

La decisión adoptada ayer por el Consejo de Ministros para resolver la crisis de Iberia choca con la posición de que venía manteniendo el Gobierno desde el inicio de los paros, el pasado 19 de junio. Destacados miembros del gabinete como Álvarez Cascos o el titular de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, se habían pronunciado en contra de intervenir al considerar que se trataba de un problema laboral en una empresa privada.

El ministro portavoz, Pío Cabanillas, intentó ayer justificar ese cambio de postura en el agravamiento que supuso para la crisis la decisión anunciada por el presidente de Iberia, Xabier de Irala, de paralizar la flota por motivos de seguridad, tras la dimisión de 99 pilotos de la dirección de operaciones de la compañía. Cabanillas se defendió de las críticas del oposición e indicó que todos los miembros del Gobierno han actuado de forma "coordinada" y "unánime".

En ese sentido, explicó que cada ministerio implicado se ha sujetado estrictamente a sus competencias: el de Fomento, en la madrugada del viernes, ordenando la inspección de la seguridad de las operaciones de Iberia y exigiendo la reanudación de los vuelos; y el de Trabajo, que propuso en la mañana de ayer al Consejo de Ministros recurrir a la medida excepcional del arbitraje.

No obstante, el portavoz empleó una deliberada ambigüedad a la hora de aclarar con qué antelación supo el Gobierno la decisión de Iberia de suspender sus vuelos y las razones por las que no actuó antes para impedir que se hiciera efectiva la suspensión: "La compañía conocía la posición del Gobierno a lo largo del día de ayer [por el jueves] y había sido advertida de las consecuencias que se podían derivar de una actuación de ese tipo".

El Gobierno descarta modificar la legislación de huelga y defiende la reciente privatización de la compañía. Una idea que no comparte la oposición puesto que tanto PSOE, IU como el Grupo Mixto han relacionado la crisis con la política de privatizaciones del Gobierno Popular y han pedido a Aznar que de explicaciones en el Parlamento. Los socialistas han llegado a solicitar la intervención de la Fiscalía del Estado.