Una muerte sin resolver

El juzgado de instrucción número 5 de Móstoles archivó provisionalmente el caso del asesinato de Emilio Langa, hace tres años, por falta de pruebas para procesar a los sospechosos, que los había. 'La Guardia Civil y la policía tienen indicios, pero no existen pruebas delictivas, como una huella dactilar o muestras de saliva', explica una de las hijas del fallecido, Dolores Langa.

Cuesta aceptarlo, pero ella sabe que no bastan las conjeturas para efectuar una detención y para poner a alguien en manos de la justicia. 'Da impotencia, pero llega un momento en el que o intentas sobreponerte o no avanzas y, al fin y al cabo, tenemos que seguir adelante', confiesa la hija del industrial asesinado.

Un escalofrío vuelve a sacudir a toda la familia cada vez que sale a la luz un nuevo caso de robo con violencia y muerte en alguna urbanización. El último tuvo lugar hace menos de un mes, el 20 de junio, justo cinco años después de la muerte de Emilio Langa. En esta ocasión fue el abogado Arturo Castillo López, de 47 años, el asesinado en su chalé de Pozuelo.

El miedo que atenaza a los habitantes de las urbanizaciones madrileñas de lujo se tornó en indignación cuando se supo que Pietro Arcan, detenido como presunto autor del asesinato de Castillo, acumulaba nueve antecedentes policiales por robo con intimidación, violencia y hurto, y que la policía de Toledo le había abierto, en mayo de 1999, un expediente de expulsión en cumplimiento de la Ley de Extranjería. Sin embargo, aquel trámite quedó en suspenso por orden judicial cuando Arcan fue arrestado por robos en Coslada y Guadalajara cinco meses más tarde.