La Cámara de Cuentas descalifica la gestión de Gil en la Mancomunidad

La Cámara de Cuentas ha detectado 'graves deficiencias' en la contratación de la planta desaladora construida en terrenos expropiados que se inscribieron a nombre del Ayuntamiento de Marbella en la época en la que Jesús Gil presidía el municipio y la Mancomunidad. La planta, cuyo pago está pendiente de una negociación con el Gobierno central, costó en torno a los 8.000 millones de pesetas y la constructora reclama unos 11.000 millones por el coste, los intereses y el mantenimiento. El informe fiscalizador constata 'la existencia de una incertidumbre sobre el coste definitivo de la desaladora'.

Entre las irregularidades en la contratación de la planta, la Cámara de Cuentas señala que 'la empresa con la que se firmó el contrato no estaba constituida, ni inscrita en el Registro Mercantil'. También recoge el informe que 'no quedan acreditadas las causas por las que el beneficiario de la expropiación sea el Ayuntamiento y no la Mancomunidad'. Añade el texto que tampoco consta el destino dado por la empresa municipal de Marbella Planeamientos 2000 'a los 150 millones recibidos por los justiprecios de las parcelas en las que se sitúa la desaladora'. La Cámara ha observado 'graves defectos' en la expropiación.

Subcontratas en serie

El informe añade: 'No constan los motivos por los que la dirección de la obra, que debió ser contratada directamente por la Mancomunidad, pase de ésta a Acosol, de ésta a Mancosol Urbanismo, y de ésta a Aragall Hispania, sociedad constituida en los meses anteriores a la firma del contrato y cuyo accionista principal, con más del 99%, reside en el extranjero'.

El actual presidente de la Mancomunidad, Manuel Sánchez Bracho, añadió que 'el accionista extranjero era una compañía irlandesa, formada por un grupo de sociedades de diferentes paraísos fiscales'. Jesús Gil desmintió esta teoría: 'Es totalmente falso; la empresa extranjera cobró unos honorarios y la obra la hizo una unión temporal de empresas en la que estaban Lain y Sevillana, que quería construir la desaladora porque si no había agua en la Costa del Sol, no vendían kilowatios'.

El informe también destaca: 'No consta la existencia de dirección de obra en la fase de mayor relevancia económica (febrero a agosto de 1996) y, tres días después del nombramiento de los directores de obra, se presentó la primera certificación de 5.426,9 millones de pesetas'. Además, la fiscalización cuestiona el expediente de contratación de la planta de residuos sólidos construida por Gil en Casares, resalta 'incumplimientos de la legalidad' en materia contable y de contratación administrativa y rebaja de 10.408 a 824 millones el inventario y saldos contables inmovilizados.