Seis colegios de élite concertados por Enseñanza no reunían ni un solo requisito

USTEC presentó un recurso contencioso administrativo contra la concesión de conciertos a los centros Súnion, SIL y Saint Paul's School, de Barcelona; Pere Vergés, de Badalona, y Viaró, La Farga y La Vall, situados en el Vallès Occidental y vinculados al Opus Dei. Entre otros argumentos, el sindicato consideraba que vulneraban la normativa legal que establece que los centros escolares receptores de subvención deben ofrecer la enseñanza de forma gratuita.

La Saint Paul's School, por ejemplo, cobra mensualidades de 100.000 pesetas, y los otros centros camuflan a través de fundaciones honorarios incluso superiores. Estos centros, como se ha visto ahora con los informes de la inspección, tampoco cumplían los requisitos que exige la legislación vigente para ser subvencionados: satisfacer necesidades de escolarización o atender a población escolar de condiciones socioeconómicas desfavorables. Los conciertos a estos centros supondrán al erario público cerca de 1.000 millones de pesetas el curso que viene.

Al admitir a trámite el recurso el alto tribunal abría, además, la posibilidad de acceder a la documentación que recoge las razones y el procedimiento por el que la Generalitat decide financiar estos centros y las condiciones en las que lo hace, ya que el TSJC obligaba a Enseñanza a entregar los expedientes para ponerlos a disposición de la parte denunciante. Enseñanza se resistió hasta que hace una semana el TSJC amenazó con multar al departamento si no los entregaba.

Informes incompletos A juicio del sindicato, sin embargo, los expedientes 'son incompletos'. 'La Administración ha escondido mucho', dijo ayer el portavoz de USTEC, Carles Martínez. El sindicato pedirá hoy al tribunal que obligue a Enseñanza a entregar, entre otras cosas, las inspecciones de los años anteriores, en los que se denegó el concierto a estos centros, y también los documentos administrativos y del consejo educativo que hacen referencia a la fiscalización, a las condiciones que el centro se compromete a cumplir a cambio del dinero público que recibe y a los detalles concretos del concierto. '¿Cómo se gestiona y qué deberes genera un concierto educativo?', se preguntó ayer Martínez. 'Enseñanza tenía que haber incorporado estos documentos al expediente. No entendemos por qué no lo ha hecho'.

Pese a todo, la documentación hecha pública ayer por USTEC abre una importante brecha en el opaco sistema por el que el Gobierno catalán reparte cada año fondos públicos por valor de 110.000 millones de pesetas a centros educativos privados, y no parecen muy sólidas las razones. La solicitud del colegio Viaró, por ejemplo, incluye una nota en el apartado de observaciones que dice: 'En el curso 2000-2001 nos concedieron seis unidades cuando sólo teníamos cuatro. Pedimos un cambio y en fecha de hoy todavía no tenemos respuesta'.

Más curiosos aún son los informes de los inspectores. Tres de ellos son directamente desfavorables, pero otros tres indican que el centro no reune ningúno de los requisitos exigidos, y sin embargo, el inspector pone una cruz en la casilla que propone informar 'favorablemente con las consideraciones antes expuestas'.USTEC pidió ayer la dimisión inmediata de la consejera Carme-Laura Gil. El impacto político de los informes ha sido inmediato. A lo largo de la tarde se fueron sumando todos los partidos de la oposición. La socialista Montse Duch pidió a Jordi Pujol que se plantee la sustitución de la consejera, al igual que el portavoz de IC-V, Joan Boada, que acusó a la titular de Enseñanza de seguir criterios de 'clientelismo y amiguismo' a la hora de conceder los conciertos.

Josep Bargalló, de ERC, reclamó a la Generalitat que realice las auditorías sobre la contabilidad de los colegios concertados que le pidió el Parlament en proposición no de ley cuya votación perdió el Gobierno de CiU por el error de tres de sus diputados y que la consejera descalificó como 'ilegal e imposible'. Ayer, un portavos de Enseñanza se limitó a decir: 'Esperemos a que los tribunales decidan'. Según estas fuentes, los tribunales les darán la razón porque 'no se deben confundir los criterios para conceder los conciertos con los requisitos para obtenerlos'.

Los informes de los inspectores de Enseñanza no son vinculantes, pero en este caso echan por tierra el argumento esgrimido por la consejera Gil desde que se supo que había concedido subvenciones a estas escuelas para ricos: que estaba legalmente obligada a concederlos porque cumplían los requisitos. Los documentos hechos públicos ayer muestran que Gil otorgó estas subvenciones en contra de lo que opinaban los expertos de su departamento y exclusivamente por razones políticas.

Otro de los argumentos de la consejera era que estos centros habían obtenido el concierto antes de que ella se hiciera cargo del departamento en 1999 y que durante su mandato sólo se habían producido las lógicas renovaciones, y fue rebatido ayer por el abogado de USTEC Juanjo Falcó, que explicó el subterfugio del que se servía Enseñanza para esconder su responsabilidad en estas subvenciones y hacer que pareciera que ya las tenían. De los siete centros de élite objeto del recurso de USTEC, sólo La Vall había sido concertado por el predecesor de Gil en Enseñanza. A los otros seis se les había negado sistemáticamente el concierto. Con la llegada de Gil, se les negó de nuevo, para admitir a continuación el recurso que presentaron contra la negativa. De este modo, la concesión del concierto aparecía como una renovación.

'Hemos abierto la caja de los truenos', decía ayer Martínez, 'ahora queremos saber cómo se hacen los conciertos, cómo se justifican y cual ha sido el funcionamiento oculto de Enseñanza durante todos estos años'. El portavoz de USTEC considera que las subvenciones a estos centros de élite 'tienen una dimensión política clara y demuestran la apuesta política del Gobierno de la Generalitat en favor de la escuela privada'. La financiación de centros privados y el decreto de matriculación que favorece la creación de guetos escolares en la escuela pública son, según Martínez, las dos patas de la política educativa del Gobierno de CiU.