La Fiscalía investiga supuestas irregularidades en un centro de acogida de Bienestar Social

La dirección territorial de Bienestar Social en Alicante dio de baja durante 2000 a al menos tres menores del centro de acogimiento L'Alacantí, pese a contar con informes técnicos de los servicios sociales del Ayuntamiento y del propio centro que desaconsejaban su salida por 'su situación de alto riesgo social'. Tras la marcha de los niños, Bienestar Social se desentendió presuntamente de la situación de los menores, que hoy 'viven en la calle bajo condiciones físicas, psíquicas y sociales lamentables', según denuncia el sindicato CGT.

Los expedientes de estos niños junto a otros cuatro casos más son objeto actualmente de una investigación abierta por la Fiscalía de Menores de la Audiencia de Alicante por presuntas anomalías en su tramitación. Las diligencias se abrieron a raíz de una denuncia de la CTG, en la que se acusa a la dirección territorial de Bienestar Social en Alicante de dar de baja de manera irregular a al menos siete menores del centro de protección de L'Alacantí, donde se encontraban ingresados.

La organización sindical sostiene que Bienestar Social se deshace de los chicos 'más conflictivos' ante la falta de medios y de personal para atenderlos. A juicio del sindicato, la Administración autonómica ha convertido los centros de protección en 'centros de almacenaje de niños', donde pequeños desamparados conviven con jóvenes menores de 18 años y considerados peligrosos.

Entre los expedientes remitidos al ministerio público, figura el caso de un menor de 14 años, cuya madre se encontraba en prisión y carecía de familiares que pudieran hacerse cargo de él. Ante esta situación, los servicios sociales del Ayuntamiento de Alicante decretaron su ingreso en el centro de protección de menores L'Alacantí. Sin embargo, fue dado de baja en 2000 y se otorgó la guarda del menor temporalmente a su tía, con el propósito de que ésta velara por él, le alimentara, educara y le procurase una formación integral. Pero se da la paradoja de que esta mujer, según CGT, era investigada por tráfico de drogas y había cumplido condena en prisión. 'No cumplía ninguno de los requisitos exigidos por ley', añadieron. Fuentes de CGT acusan a Bienestar Social de dar de baja al menor cuando éste empezó a presentar problemas de conducta y de adaptación.

El segundo de los expedientes bajo análisis corresponde a un menor de 15 años y con una minusvalía psíquica del 50%. El joven, que procede de una familia marginal, fue internado en el centro L'Alacantí junto con sus tres hermanos. Tras permanecer ingresado durante seis años, fue entregado el pasado año a su padre, pese a que existen sendos informes -de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alicante y del propio centro- que advierten del peligro social que corre el chaval si se le entrega a su familia. 'Hoy el chaval está en la calle en condiciones físicas y psíquicas deplorables', según el sindicato.

El tercer expediente se refiere a un joven de 13 años con un padre, según CGT, toxicómano, alcohólico, deficiente psíquico y delincuente habitual. Su madre, según la misma fuente, practicaba la prostitución en el hogar y por esas fechas se hallaba en prisión. Su situación de desamparo obligó el internamiento del menor en el centro. Bienestar Social obvió asumir la tutela del pequeño, extremo que permitió al progenitor, quien continuaba con sus problemas de alcoholemia y drogadicción, recuperar a su hijo tiempo después.

La CGT acusa a la Administración y de manera subsidiaria a la Consejería de Bienestar Social que dirige Rafael Blasco de los delitos de abandono de menores que están bajo la tutela o guarda de la Generalitat; de prevaricación -por adoptar resoluciones injustas que han causado un grave perjuicio a los internados- y de privatización de derechos individuales por funcionario público, esto es de los derechos a ser atendidos en un centro adecuado y con los recursos pertinentes.

Alberto Martínez, director territorial de Bienestar Social en Alicante, niega que se hayan dado las bajas a los menores de forma irregulalar porque es una comisión técnica la que decide tras estudiar caso por caso, aseguró al respecto.