La Fiscalía pide que se juzgue a 12 vecinos de Natzaret por narcotráfico

El fiscal antidroga Luis Sanz ha pedido a la Audiencia de Valencia la apertura de juicio oral contra una docena de vecinos del barrio de Natzaret de Valencia. Los procesados están acusados de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y blanqueo de dinero. El inmenso sumario que contiene los detalles del caso comenzó con una compleja investigación policial en agosto de 1998. Los vecinos de Natzaret habían denunciado a otros de dedicarse al tráfico de drogas. Los detalles que para ellos lo evidenciaban eran que sin tener oficio conocido paseaban una flota de vehículos de gran cilindrada mientras vivían en casas modestas. Los ahora acusados, vestidos con joyas acudían a los servicios sociales a pedir ayuda para la subsistencia más básica.

En abril de 1999, la investigación dio sus frutos: se abría causa contra 14 vecinos (uno de ellos falleció las pasadas Navidades y un segundo no ha podido ser procesado por falta de pruebas). De los 12 acusados, Manuel M. S. y su esposa, Ramona M. S., aparecen como los cabecillas del grupo. A ellos, defendidos por el letrado Jaime Sanz de Bremont, se les acusa de blanqueo de dinero. En su cuenta corriente llegaron a tener un saldo superior a los 300 millones de pesetas, procedentes supuestamente de la venta de estupefacientes. Consta también en el sumario que suscribieron al menos dos pólizas de seguro por valor de 50 millones de pesetas. La casita en el corazón del trapicheo del barrio de Natzaret no delataba ni mucho menos el nivel de ingresos del matrimonio. Pero sí, en cambio, un espectacular chalé en la zona más cara de Puçol.

El trío de delitos, blanqueo de dinero, tenencia ilícita de armas y tráfico de drogas se combina de varias formas entre los diez imputados restantes, ya que al matrimonio sólo se le ha podido acusar de blanqueo de capitales.

En los registros domiciliarios que se efectuaron en 1999, la policía encontró, entre otras cosas, casi cinco kilos de cocaína, tres de heroína, innumerables joyas de gran valor, 10 millones de pesetas en efectivo (de los que 1,3 los llevaba en la mano uno de los acusados en una bolsa de plástico de un supermercado), un Colt 45, otros revólveres y varias armas cortas del tipo pistola.

Aunque la trama económica no se había construido sobre una arquitectura de empresas interpuestas, para desentrañar una madeja que al final resultó bastante simple hubo que requerir los servicios de un comisario especialista en delitos económicos.

Ninguno de los procesados, entre ellos unidos por lazos familiares, se encuentra en prisión. La Fiscalía espera que antes de final de año quede señalada la vista del juicio. Los acusados podrían enfrentarse a peticiones de pena de entre tres y 12 años.