Cómo una simple huelga provocó semejante descontrol

"Esto ha sido un secuestro, sin atender los servicios mínimos, sin protección de los derechos de 300.000 consumidores/turistas. ¿Qué hacen aquí centenares de huelguistas de charla, sin rumbo?". Esta cruda foto de la huelga radical de los conductores de transporte discrecional de Baleares la efectuó el pasado domingo, casi como una autoinculpación, un veterano dirigente sindical, promotor de huelgas en otra época, reconvertido hoy en alto cargo de la izquierda en el poder.

"La protesta escapó de las manos a sus dirigentes, ¿cómo pueden los conductores negarse a mitad del conflicto a firmar un incremento del 18,5% en tres años?", apostilló. Cuando hacía este comentario, aún faltaban doce horas para que acabase la huelga, que duró desde la medianoche del jueves hasta la del domingo. Los medios de comunicación europeos prestaban más atención que nunca a Baleares, pero la imagen que repetían era la de una situación caótica en la que estaban atrapadas miles de personas.

Los casi 4.000 conductores que pararon el negocio turístico reclamaban, según decían, "más que sueldo, calidad de vida, dignidad, horario y libranzas". Por su protesta, las salas de espera de las terminales de los tres aeropuertos de las islas ofrecían el aspecto de una inmensa y forzada acampada de turistas-refugiados. Habían perdido su condición de turistas al quedar retenidos contra su voluntad y se les veía hastiados, haciendo colas de hasta cuatro horas para coger un taxi, o tumbados en colchonetas, malgastando sus últimas horas de vacaciones y su humor a la espera de un vuelo retrasado.

La huelga de los conductores turísticos resultó total, pues durante sus tres días no circuló ninguno de los más de mil autobuses y furgonetas, ni se atendieron los servicios mínimos, que fueron fijados por el Gobierno autonómico en un 80% de las necesidades. Sólo en Palma, dichos servicios afectaban a más de 400 autocares para trasladar a los 250.000 viajeros de casi 2.000 vuelos.

El Gobierno de Baleares ha quedado desautorizado en el conflicto laboral. Consiguió que patronos y sindicatos alcanzaran un acuerdo para parar la huelga el sábado, pero el pacto sellado en los despachos por los representantes de los trabajadores no fue aceptado por unas bases radicalizadas que les abroncaron en la asamblea. El Gabinete de Francesc Antich falló, además, al no advertir de forma imperativa a los convocantes de la huelga sobre las consecuencias legales de incumplir los servicios esenciales en un medio de transporte masivo sin alternativa posible.

Las autoridades de izquierdas quedaron deprimidas por su desencuentro con sus amigos ideológicos de los sindicatos. El consejero de Transportes, el socialista Antoni Ferrer, no dio señales públicas de vida durante la huelga; mientras que el de Turismo, el socialista Celestí Alomar, minimizó el impacto internacional del conflicto; y el responsable de Trabajo, el comunista Eberhard Grosske, se mostraba desencantado e insistía en que los sindicatos (CC OO, con el 80% en el sector, y UGT con el resto) no tenían motivos reales para la huelga.

En esta ocasión no se cumplió lo acostumbrado en Baleares: que los paros se desconvoquen al filo de su estreno o a las pocas horas de iniciarse. "Aquí hemos triunfado por participación y hemos fracasado porque no conseguimos nada", reconoce Miguel, un activista de Comisiones.

Los autocares quedaran bloqueados en los garajes, pero los aeropuertos no se cerraron, pese a la angustia de sus usuarios. Con unos ingresos de 350 millones de pesetas en sólo tres días, los mil taxis de Baleares formaron un convoy permanente entre los aeropuertos de Mahón, Palma e Ibiza y los hoteles.

La delegada del Gobierno en Baleares, Catalina Cirer, acusada de "dejación de autoridad", como máxima responsable del orden público, por no haber impedido los sabotajes ni facilitado protección para el cumplimiento de los servicios mínimos, se defendía ayer de las críticas. Cirer destacó que la actuación de la policía "permitió la actividad de los taxis y del mismo aeropuerto" y explicó que, el sábado por la noche, ofreció a los empresarios protección para los autobuses en servicios mínimos, pero la patronal rechazó salir a las carreteras por temor a incidentes.

En Menorca, un piquete cerró el paso de varios autobuses hacia el aeropuerto y obligó a los viajeros a caminar 500 metros cargados con sus maletas. En Ibiza fueron tres kilómetros los que, en pleno mediodía, tuvieron que recorrer 300 turistas arrastrando su equipaje. La Guardia Civil actuó en ambos casos.

La policía desplegó medio centenar de efectivos de uniforme y algunos más camuflados. Los agentes protagonizaron frecuentes momentos de tensión con los piquetes que intentaban evitar la llegada al aeropuerto de Palma de taxis y coches de alquiler. Seis personas fueron detenidas en Mallorca e Ibiza por apedrear las lunas de autobuses.

Las fuerzas de seguridad no vieron, sin embargo, cómo en el aparcamiento del aeropuerto de Son Sant Joan eran rajadas las ruedas de 90 coches de alquiler y sellados con silicona los aparatos de pago automático del aparcamiento.

Los piquetes vigilaban que los particulares no hicieran de taxistas. Tal era la demanda, que el conductor de la unidad móvil de una emisora de radio recibió una oferta de 20.000 pesetas por llevar a varios turistas. Algunos conductores particulares fueron rodeados por manifestantes exaltados, un turista alemán disparó una pistola de fogueo al aire y otro golpeó levemente con su coche a un huelguista.

Ayer, recuperada la calma y mientras se hacía un primer balance de daños -entre 10.000 y 20.000 millones de pesetas-, Antich se reunió con los dirigentes locales de CCOO y UGT, José Benedicto y Lorenzo Bravo. "Hemos cerrado la huelga y no hay más convocatorias", insistieron ambos al término del encuentro. Hoy deben ratificarlo las asambleas de trabajadores.