El Ayuntamiento pide un plan de choque de vivienda protegida

En opinión del autor del informe, Joan Ràfols, los precios han subido más en Barcelona que en Madrid porque hace unos años 'hubo una buena gestión y salió suelo al mercado, pero después no se ha construido al ritmo que exigía la demanda'. Por otro lado, la buena evolución económica ha presionado sobre los precios.

Además de no tener una limitación de suelo como la que sufre Barcelona, el municipio de Madrid ha reconvertido muchas áreas industriales en zonas residenciales, lo que ha permitido liberar solares para viviendas. En el caso de Barcelona, cada vez hay menos superficie libre para destinar a vivienda y ahora, prácticamente sólo queda suelo en Sant Martí, la zona de la Sagrera y Sant Andreu.

Respecto a la posibilidad de que los precios de la vivienda en Barcelona continúen subiendo, Ràfols afirmó que 'a largo plazo, la evolución económica no será tan positiva y, si los precios siguen subiendo, la presión de la demanda bajará'. Por otra parte, el techo del dinero que cada familia destina al pago de la vivienda está ya muy alto, cerca del 50% de los ingresos mensuales, según puntualizaba ayer el presidente del Patronato de la Vicienda, Eugeni Forradellas, concejal de Iniciativa per Catalunya-Verds.

A juicio del concejal, la situación del mercado inmobiliario y el incremento constante de precios -no sólo en vivienda nueva, sino también en pisos de segunda mano y de alquiler-, hace necesaria una política de vivienda: 'Tiene que tener carácter prioritario, algo que hasta ahora no ha ocurrido ni en Barcelona ni en el resto de Cataluña. Y el panorama es parecido en el resto del país'.

Plan de choque

El Ayuntamiento de Barcelona insiste en demandar una política de vivienda que fomente la construcción de pisos de protección pública y la rehabilitación del parque de pisos usados. Forradellas se refirió ayer a la urgencia de buscar soluciones. 'Hace falta un plan de choque que garantice que la gente sin recursos pueda acceder a una vivienda digna, y no sólo las personas que se encuentran ya en esa situación sino hacer una previsión de cómo afrontar la llegada de la población inmigrante'.

Forradellas apuntó la posibilidad de utilizar las fianzas que pagan los inquilinos al alquilar un local o un piso, y que gestiona el Instituto Catalán del Suelo, para invertirlas en programas de vivienda. 'Se podría buscar una fórmula para garantizar la devolución de las fianzas pero poder disponer del resto, que son miles de millones, para financiar viviendas de protección', proponía ayer como posible medida.

Otra posibilidad sería destinar a ese mismo fin parte del impuesto de transmisiones que recauda la Generalitat en cada compraventa de un bien inmueble. A juicio de Forradellas, no basta con que el Gobierno catalán reconozca el problema de la vivienda: 'de las palabras se tiene que pasar a las fórmulas'.