Un civil en el Cesid

El nombramiento del diplomático Jorge Dezcallar como nuevo director del Cesid, con rango de secretario de Estado, es el prólogo de una reforma más amplia del servicio de inteligencia. Un organismo cuyo estatuto ambivalente refleja su ambigua naturaleza legal y administrativa. La necesidad de fijar normas claras para un trabajo por definición subterráneo había sido solicitada tanto desde sectores políticos a raíz de los escándalos que han sacudido el Centro -desde las escuchas al tráfico de papeles de Perote- como desde los propios funcionarios, que se sentían a la intemperie cada vez que estallaban esos escándalos.

El ministro portavoz tuvo ayer interés en aclarar que el rango del nuevo titular no prejuzga el estatuto futuro del servicio, que se establecerá en la ley que prepara el Gobierno para el otoño, según adelantó Aznar en el debate del estado de la nación. Sin embargo, el rango de secretario de Estado, por encima de los directores de la Policía Nacional y la Guardia Civil, parece anticipar la intención de atribuirle la coordinación de los diferentes servicios de información, incluyendo los de esos dos cuerpos policiales.

El ministro del Interior, Mariano Rajoy, se había mostrado contrario a esa posibilidad, dado que la lucha antiterrorista, objetivo central de todos los servicios de información, corresponde a su ministerio. El detalle de que la toma de posesión vaya a celebrarse hoy en La Moncloa, y no, como hasta ahora, en el Ministerio de Defensa, podría interpretarse como un signo de que el Cesid pasará a depender a todos los efectos de Presidencia. Aunque desde 1984 se define a ese servicio como 'órgano de información del presidente de Gobierno' para determinadas funciones, hasta hoy depende funcionalmente (en cuestiones de personal y presupuesto) del Ministerio de Defensa.

En todo caso, la personalidad del nuevo director, figura clave en la organización de la Conferencia de Madrid sobre Oriente Próximo en 1991, hasta ahora embajador en Marruecos y primer civil al frente del Cesid, parece una garantía de que la reforma irá en el sentido deseable: el de una regulación que permita hacer compatible la reserva propia del servicio secreto con algún mecanismo de control parlamentario y judicial. Los ejemplos de otros países demuestran que existen fórmulas para intentarlo.