El PSOE llevará al Pacto por la Justicia que el fiscal del Estado sea neutral

El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, insistió ayer en Lisboa en que hay que revisar el papel del fiscal general del Estado, consideración que fue respondida de inmediato por el ministro de Justicia, Ángel Acebes, quien en Madrid descartó cualquier reforma constitucional sobre el estatuto del fiscal del Estado o sobre su nombramiento por parte del Gobierno.

Zapatero cuestionó, al refererirse al caso Piqué, la actitud del fiscal general, Jesús Cardenal, porque 'no favorece la imagen del Estado de derecho', y explicó que 'la actuación de Cardenal parece aconsejar nuestra propuesta para que ese alto cargo no intervenga en determinados procesos judiciales y eventos'. 'El papel del fiscal del Estado', subrayó, 'necesita alguna revisión' y apostó por hacerla 'con calma, reflexionando, en el marco del Pacto por la Justicia, pero sin duda alguna los ciudadanos y la opinión pública perciben que hay que construir una posición más independiente y más neutral de la Fiscalía General del Estado'.

Zapatero reconoció que el papel de los fiscales generales en todos los Gobiernos democráticos, 'de todos los colores, ha sido casi siempre controvertido, y lo está siendo con el PP porque el señor Cardenal da muchas oportunidades para la controversia'.

Acebes constestó a esas demandas de Zapatero descartando cualquier modificación de la situación actual, aunque ratificó que en la comisión de seguimiento del pacto se profundizará sobre la autonomía de la fiscalía.

Cultura democrática

Por su parte, Juan Fernando López Aguilar, secretario federal de Libertades Públicas del PSOE, indicó que los problemas sobre la independencia del fiscal general no se deben al sistema de elección sino a 'una falta de cultura democrática' que hace ver cualquier vínculo entre el poder político y el poder judicial 'como una ilegitimación' de éste último. Según López Aguilar, el Gobierno utiliza esta creencia 'para escudarse ante un fiscal independiente diciendo que no tienen nada que ver y que no le dan ninguna instrucción. Pero aunque esto fuera verdad el Gobierno seguiría siendo políticamente responsable por inacción'.

López Aguilar, que hizo estas afirmaciones en una conferencia en el curso de Periodismo Jurídico organizado por la Escuela de Periodismo UAM / EL PAÍS y los colegios notariales, defendió el actual modelo, en el que el fiscal general es nombrado por el Gobierno, porque 'es necesaria una razonable conexión entre la fiscalía y el Ejecutivo, debido a su importancia en el sistema democrático'.